Hablar del sistema de salud en México es asomarse a una realidad que, aunque ha recibido esfuerzos visibles en los últimos años, sigue siendo una deuda pendiente con millones de ciudadanos. No lo digo solo como observadora crítica, lo digo desde la voz de miles de pacientes y familias que enfrentan cotidianamente pasillos saturados, la falta de medicamentos y la incertidumbre de si encontrarán al personal adecuado para ser atendidos.
Los datos son claros y duros: apenas 25.4 % de los usuarios de los servicios públicos se dicen satisfechos con la atención recibida, mientras que alrededor del 30 % se declara abiertamente insatisfecho. La confianza hacia los servicios privados ronda el 68 %, frente al 44 % en los públicos. Esto significa que más de la mitad de la población no confía en que el sistema público pueda garantizarle atención digna y oportuna. La pandemia dejó además un saldo evidente: para la mayoría de los mexicanos, el sistema no se ha recuperado del todo.
En medio de esta precariedad florecen también historias de compromiso. Médicas, médicos, enfermeras y trabajadores de la salud que, con un salario limitado y recursos mínimos, ponen rostro humano a un sistema debilitado. Son ellos quienes improvisan soluciones, quienes no dan la espalda cuando falta un insumo, quienes entienden que detrás de cada expediente hay una vida que depende de la atención oportuna.
El gobierno actual ha puesto en marcha programas, ha inaugurado hospitales y ha anunciado nuevos esquemas de atención domiciliaria; sería injusto negarlo. Pero la percepción ciudadana no se transforma con discursos ni con cifras de inversión: se transforma cuando el paciente recibe el medicamento que necesita, cuando una mujer es atendida con dignidad en una sala de parto, cuando un adulto mayor encuentra al médico familiar en su consultorio y no en una fila interminable.
Por eso insisto: el sistema de salud en México aún no es un logro, sigue siendo un reto. Una deuda que debe estar en el centro de la agenda nacional, no como un tema accesorio, sino como la base misma de un Estado que se compromete a cuidar la vida y el bienestar de su gente.
Aquí es donde la intervención de las autoridades sanitarias, los legisladores y los defensores de derechos humanos resulta urgente y necesaria. No basta con mejorar la infraestructura: se requieren leyes que garanticen el acceso universal, mecanismos de supervisión que eviten negligencias y presupuestos que reflejen la prioridad real de la salud pública. Este no es un tema de partidos, es un asunto de derechos humanos que nos toca a todos.
Mientras tanto, mi reconocimiento está con aquellos que desde dentro —personal médico, administrativo, de apoyo— sostienen el peso de una estructura que aún no responde como debería. Gracias a ellos, a su vocación y a su entrega, la salud pública en México no se derrumba por completo. Pero el país no puede seguir dependiendo de héroes silenciosos: necesitamos un sistema digno, sólido y humano, a la altura de la gente que lo sostiene y de la gente que lo necesita.
Nora Sevilla
Comunicadora y periodista experimentada, actualmente Jefa de Comunicación en Cd. Juárez del Instituto Estatal Electoral y Tesorera en la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez. Experta en marketing político y estrategias de relaciones públicas, con sólida carrera en medios de comunicación.
