En México se habla con frecuencia del interés superior de la niñez; sin embargo, en la práctica cotidiana éste sigue siendo vulnerado, no solo por particulares, sino también por autoridades que, por acción u omisión, permiten que la ley se convierta en un instrumento de castigo y no de protección. El caso que hoy ocurre en Rosarito, Baja California, trasciende lo local y constituye un ejemplo alarmante de esta realidad.
Existe una orden judicial vigente que reconoce el derecho de un padre a convivir con su hijo. No obstante, dicha orden ha sido sistemáticamente incumplida, no por imposibilidad material, sino por una cadena de decisiones y omisiones atribuibles a la autoridad responsable de ejecutarla. La jueza de lo familiar Jetsabel Frausto Martínez, titular del juzgado que se encuentra de guardia durante el periodo vacacional del Poder Judicial de Baja California, no ha dado cumplimiento oportuno a su propia determinación, retrasando de manera injustificada la ejecución de lo ordenado.
La gravedad del caso se acentúa por una circunstancia profundamente humana. El padre del menor ha enfrentado una enfermedad grave e incurable; ha estado hospitalizado y en terapia intensiva, luchando literalmente por su vida. Superó ese estado crítico con un solo anhelo: poder abrazar y dar un beso a su hijo, el ser que más ama. El niño cumplirá cuatro años en enero próximo, y su padre vive hoy con la tristeza y el dolor que le causa no poder celebrar con él la Navidad ni el Año Nuevo, fechas que representan presencia, vínculo y amor.
Cada día de retraso no es un simple trámite pendiente: es tiempo irrecuperable en la vida de un niño y de su padre. A pesar de esta urgencia evidente, no se ha dispuesto personal capacitado para atender emergencias familiares, ni se ha mostrado sensibilidad institucional frente a una posible violación de derechos humanos.
Asimismo, la actuaria Brissa Itzel González Sauceda suspendió indebidamente una diligencia previamente ordenada, sin causa legal suficiente, contribuyendo con ello a la obstrucción del derecho de convivencia paterno-filial. Estas conductas, conforme a las constancias que obran en actuaciones procesales, constituyen presuntamente actos de violencia institucional, al impedir el acceso efectivo a la justicia y prolongar el daño emocional al menor.
Resulta especialmente preocupante que esta obstrucción ocurra en un contexto donde la madre del niño cuenta con vivienda, vehículo y pensión alimenticia suficientes, y habita un inmueble propiedad del propio padre del menor, en el cual además ha introducido a sus padres y a una hermana. No existe precariedad, riesgo ni abandono que justifique la negativa reiterada a permitir la convivencia.
La justicia tardía no es justicia. La omisión, la indisciplina en el ejercicio del cargo y la indiferencia frente al sufrimiento humano también generan responsabilidad institucional. Cuando una jueza incumple su deber y una actuaria suspende diligencias sin sustento legal, el daño no es abstracto: es real, profundo y permanente.
Este no es un ataque personal, es una denuncia pública de interés social. La ley no puede seguir esperando mientras la vida avanza. La niñez no puede seguir siendo rehén del rencor ni de la incapacidad institucional.
Porque cuando la justicia no llega, la violencia se normaliza. Y cuando el Estado falla, el daño es irreparable.
Este pronunciamiento se realiza en ejercicio del derecho constitucional a la libertad de expresión y de denuncia ciudadana, con base en hechos documentados y de interés público.
Héctor Molinar Apodaca
Abogado especialista en Gestión de Conflictos y Mediación.
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