No me gusta hablar de política ni de gobiernos. De hecho, me considero una persona apartidista. Después de auditar procesos durante muchos años en empresas de distintos sectores y países, he llegado a una conclusión: la calidad de una nación también se mide por la experiencia que vive un ciudadano al realizar un trámite.
Como consultor en sistemas de gestión he tenido que realizar trámites municipales, estatales y federales, además de gestiones en países como Colombia, Perú, Ecuador, Brasil y Venezuela. Y, sin importar el lugar, he encontrado un problema que se repite con demasiada frecuencia: procesos lentos, burocráticos y poco predecibles.
Quiero ser muy claro: no hablo de las personas. He conocido excelentes servidores públicos que hacen su trabajo con compromiso y vocación de servicio. Hablo de procesos que parecen avanzar con extrema lentitud… hasta que aparece un gestor o un “agilizador”. Entonces, aquello que llevaba semanas o meses pendiente puede resolverse en cuestión de horas.
Hace algunos años inicié el registro de capacitación ante una dependencia federal. Tras varios meses de espera recibí una observación documental, corregí el expediente y reinicié el procedimiento. Meses después llegó una nueva observación: otro documento había perdido vigencia precisamente por el tiempo que tomó la revisión. El trámite regresó prácticamente al punto de partida. Mientras tanto, conocí casos de personas cuyos expedientes avanzaban mucho más rápido mediante gestores especializados. Desconozco las razones de esa diferencia, pero como ciudadano resulta inevitable preguntarse por qué un mismo procedimiento puede tener tiempos tan distintos. La sensación que queda es que quien sigue el proceso ordinario termina esperando mucho más que quien encuentra un camino alterno.
Años después viví una experiencia que reforzó esa reflexión. En la frontera entre Colombia y Venezuela necesitaba obtener el sello migratorio en mi pasaporte. La respuesta oficial fue que el sistema estaba fuera de servicio y que el trámite podría tardar alrededor de ocho horas. Mientras esperaba, una persona se acercó y me ofreció resolverlo en pocos minutos por 100 dólares, sin hacer fila y sin mayor complicación.
Decidí esperar. Aquella experiencia me dejó claro que cuando los procesos son deficientes, la agilización termina por normalizarse; el atajo deja de ser la excepción y se convierte en el verdadero sistema operativo.
Esta falta de eficiencia tiene un impacto real en nuestra economía. El Índice de Competitividad Mundial 2026, elaborado por el Institute for Management Development (IMD) de Suiza, ubicó a México en el lugar 62 de 70 economías, siete posiciones por debajo del año anterior. Nuestro país quedó por debajo de Chile, Argentina, Colombia y Perú, y muy lejos de economías como China e India.
Este índice no mide únicamente el tamaño de una economía. También evalúa aspectos como la eficiencia gubernamental, la fortaleza institucional, el entorno para hacer negocios y variables relacionadas con la transparencia y la percepción de corrupción.
Cada trámite que se retrasa innecesariamente, cada requisito que cambia sin explicación y cada ciudadano que siente que necesita un intermediario representan un pequeño costo. Pero cuando esas experiencias se multiplicaban miles de veces todos los días, dejan de ser un problema administrativo y se convierten en un obstáculo para la competitividad nacional.
Esta columna no pretende señalar a una institución, a un partido político o a un gobierno en particular. Mi invitación es mucho más simple: mejorar los procesos.
Porque detrás de cada trámite hay una empresa que quiere invertir, un emprendedor que busca cumplir con la ley, una familia que necesita resolver un problema o un ciudadano que simplemente quiere hacer las cosas correctamente.
Después de auditar cientos de organizaciones he aprendido que la mayoría de los problemas no nacen de las personas, sino de los procesos. Cuando un proceso genera retrasos innecesarios, incertidumbre o incentivos para buscar atajos, pierde el ciudadano, pierde la institución y pierde el país.
La calidad también debe vivirse en el servicio público.
Si eres servidor público y estás leyendo esta columna, gracias por tu trabajo. Sé que muchas veces desempeñas tu labor con recursos limitados, cargas de trabajo elevadas y bajo una presión constante. Precisamente por eso, cada acto de profesionalismo, cada trámite resuelto con eficiencia y cada ciudadano atendido con respeto tienen un valor enorme. Tal vez la persona que atendiste nunca recuerde tu nombre, pero sí recordará cómo la hizo sentir una institución.
Porque la verdadera transformación de una nación no comienza en los discursos ni en las campañas políticas. Comienza cuando un proceso funciona como debería: con transparencia, eficiencia, tiempos definidos y el mismo trato para todos.
No necesitamos más gestores; necesitamos mejores procesos.
No necesitamos aprender a “movernos” dentro del sistema; necesitamos instituciones que inspiren confianza.
Porque una empresa puede tener procesos de clase mundial, pero si debe enfrentarse a trámites del siglo pasado, su competitividad también termina siendo del siglo pasado.
Oscar Peinado
Cuenta con más de 20 años de experiencia implementando sistemas de gestión, auditoría y liderazgo transformacional en empresas del sector manufacturero. Es consultor y profesor en programas de maestría y profesional especializados en tecnologías, calidad, y logística. Su perspectiva combina el rigor técnico con el análisis profundo de cómo la falta de estrategias y liderazgo debilita industrias completas.
