Apenas unos días antes de que la gobernadora presentara su informe, un grupo de más de cien maestras y maestros de 50 diferentes escuelas a lo largo del estado, hacían un llamado a la clemencia y a la consideración. Irónico que un par de días después, fuera la propia gobernadora quien se envolviera en la bandera de una supuesta defensa de la educación en chihuahua, cuando a este preocupante grupo de maestros -que por cierto no son los únicos- se les adeudan los salarios, prestaciones y beneficios que por derecho les corresponden.
Y es que este grupo de docentes adscritos a la Secretaría de Educación y Deporte del Gobierno del Estado trabajan en condiciones deplorables recibiendo únicamente negativas en las instancias de las que directamente dependen.
Víctimas de un falso discurso, además de burocracia y vulneración de sus derechos laborales, las y los maestros de Chihuahua ven cómo las malas prácticas al interior del gobierno estatal ponen en peligro no solo el pago que les corresponde, sino la educación de nuestras niñas, niños y adolescentes.
Por más que la gobernadora diga que defiende la educación y sobre todo que, gracias a su buena administración, en Chihuahua hay más recursos y mayor presupuesto, no entendemos por qué a las y los profesores, se les niega su pago, manifestándoles incluso que no hay con qué, y en aquellos casos en los que logran hacer exigible el pago, les abonan a cuentagotas cada quincena.
No deberíamos tener que aprovechar estos espacios para recordarle ni a la gobernadora ni a las autoridades, la enorme labor y dedicación que requieren los procesos educativos, demandando además de las horas laborales, tiempo fuera del aula para llevar a cabo los procesos de planeación, así como el desarrollo de actividades extraescolares.
Otra gran deuda para con nuestros profesores, es la mejora de procesos de promoción que permitan mejorar la organización de horas escolares, tal como ocurre en el subsistema federal bajo la figura de Arraigo del Trabajo, lo cual permite hacer movimientos de manera benéfica tanto para el personal como para las y los estudiantes.
Por otra parte, hace apenas unos días la Gobernadora afirmaba que invertir en la educación es la base para el desarrollo de una sociedad, señalando este rubro como prioritario para su gobierno. Lastimosamente, omite en su más reciente informe que, existe más de una centena de personas trabajadoras de este sector que, dejando su tiempo y su esfuerzo en las aulas, ilegalmente son víctimas de la burocracia y sus derechos son vejados.
Quizá en vez del enorme derroche en publicitar datos engañosos, el estado debiera priorizar algo que por ley le está obligado: cumplir con sus obligaciones, no como una prerrogativa sino como el medio para que las y los docentes puedan desenvolverse profesionalmente en pro de la educación, optimizando los recursos con los que se cuenta y sobre todo, dignificando la labor educativa garantizando lo más básico con lo que debe contar una persona trabajadora: su salario.
Esta y otras situaciones son las que nos hacen cuestionarnos no solo lo que un día sí y otro también nos quieren hacer creer… cuando se vulneran los derechos de un gremio tan necesario y tan parte del discurso, no nos queda mas que dudar de que todo está bien en casa.
Benjamín Carrera Chávez
Doctor en Problemas Económicos por Universidad Autónoma Chapingo.
Actualmente Diputado Local por el 5to Distrito de Chihuahua, Profesor-investigador en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la UACJ y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT, Nivel 1.
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