El pasado 18 de julio presenté en tribuna un Punto de Acuerdo para que el Congreso del Estado de Chihuahua creara una Comisión Especial que investigue las irregularidades en los permisos de construcción otorgados por el Ayuntamiento de la capital. Lo hice con base en denuncias documentadas, en testimonios de vecinos desalojados y en una tragedia que pudo prevenirse: el colapso del fraccionamiento Monte Xenit.
Propuse lo mínimo exigible en una democracia: que el Poder Legislativo ejerza su facultad de vigilancia frente a un desastre urbano con responsables visibles. Que se investigue cómo se permitió construir en zonas de alto riesgo, que se sancione a las autoridades omisas y que se vigile el uso del fondo de emergencias aprobado por el Cabildo. Pero la mayoría panista y priista del Congreso local, junto con una diputada del PT, votaron en contra, cerrando la puerta a la verdad, a la justicia y al derecho de cientos de familias a saber qué pasó.
Paradójicamente, esa misma semana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respaldó públicamente la creación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados para indagar el cártel inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez, gobernada por el PAN. La presidenta recordó que fue durante su gestión como jefa de Gobierno de la Ciudad de México cuando la Fiscalía capitalina abrió una investigación por una red de corrupción inmobiliaria: permisos ilegales, obras mal construidas, edificios colapsados, y una red de funcionarios y desarrolladores que operaban con total impunidad. Hoy hay detenidos, investigaciones abiertas y un proceso de justicia en marcha.
La presidenta fue clara: “El Congreso tiene esas facultades. Está bien que se abra esa investigación”.
¿Por qué entonces en la Ciudad de México sí se puede investigar al cártel inmobiliario del PAN, y en Chihuahua no? ¿Por qué allá se abren comisiones y aquí se cierran con votos ciegos de la mayoría oficialista local?
La diferencia no está en la ley, sino en la voluntad política.
En Chihuahua también tenemos un cártel inmobiliario: constructoras favorecidas por el municipio, fraccionamientos autorizados sin dictámenes técnicos, zonas de riesgo urbanizadas a costa de la seguridad de las familias. Lo denunciamos desde hace más de un año. Documentamos casos como Monte Xenit, Santa Clara, Hacienda Sofía e Isabela. Presentamos una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. Y aun así, el Congreso local decidió proteger al alcalde Marco Bonilla y archivar cualquier posibilidad de investigación.
Negarse a crear una comisión investigadora no es un tecnicismo: es una traición institucional. Significa elegir el encubrimiento sobre la transparencia, la complicidad sobre la justicia.
Hoy, mientras en la Ciudad de México se avanza contra el cártel inmobiliario del PAN, en Chihuahua el PRIAN vota para blindar al suyo. Pero la realidad no se vota: se impone. Y la realidad de cientos de familias que hoy están fuera de sus casas, con su patrimonio colapsado y su seguridad en riesgo, exige respuestas.
El pueblo de Chihuahua no va a olvidar quién estuvo del lado de las víctimas y quién prefirió proteger a los responsables. La lucha por la verdad y la justicia apenas comienza.
No le fallemos a Chihuahua.
Brenda Ríos
Orgullosa Chihuahuense. Amo y respeto la naturaleza. Soy mamá de Alex Benjamin, Austria Camila y esposa de Alex LeBaron. Mi pasión siempre ha sido el servicio público/civil, me inspira luchar por grandes causas que cambien el mundo. Empresaria agrícola y consultora ambiental.
