El 3 de diciembre pasado, el Ejecutivo federal presentó dos iniciativas para reformar la Constitución y la Ley Federal del Trabajo, con el fin de reducir gradualmente la jornada laboral hasta llegar a 40 horas semanales en 2030. A las iniciativas presentadas no se les anticipan modificaciones, entrará en vigor en abril de 2026, pero la primera disminución de dos horas, de 48 a 46, se aplicará gradualmente a partir del 1 de enero de 2027, para llegar a las 40 horas semanales en 2030.
La reforma se motiva principalmente, en el hecho de que entre los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), México ocupa el primer lugar con más horas de los obreros de trabajo al año, con 2193 horas anuales; esto es, un 20% más de la media global. Es uno de los cambios de mayor trascendencia en la fuerza de trabajo como factor de producción, que viene a complementar el fortalecimiento de las condiciones de trabajo en México, junto con reformas anteriores, como los aumentos al salario mínimo, el incremento en los días de vacaciones y la regulación de esquemas de retribución a través de terceros pagadores, conocidos coloquialmente como “outsourcing”, que se utilizaban para eludir tributos, reduciendo la base formal de pago de los trabajadores.
El cambio legislativo se perfila para impactar a alrededor del 73% de los trabajadores asalariados en el país, que laboran más de 40 horas por semana. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del 2025, son 30,064,384 trabajadores con una jornada superior a las 40 horas. De ellos, 67.7% tiene una semana de trabajo de entre 40 y 48 horas y el resto, cerca de 9.6 millones labora más de 48 horas semanales.
Más allá de la reducción, lo verdaderamente importante es que el tiempo que se libera sea utilizado constructivamente por los obreros en actividades que fomenten su desarrollo personal y humano. La reforma representa un cambio estructural significativo para la economía mexicana, impactando en el gasto fijo de los empleadores formales y muy especialmente en las micro, pequeñas y medianas empresas. Modificará la composición sectorial de la fuerza laboral.
Como legislador federal me opuse a la reforma, dado que su implementación afectará la productividad, particularmente en sectores como salud, transporte o seguridad, donde se requiere cobertura continua. También desde el punto de vista administrativo, precisará ajustes contables y fiscales que a empresas pequeñas les será difícil instrumentar, aumentando sus costos operativos y por ende la informalidad. Este es el mayor desafío para superar con la implementación de la nueva jornada de trabajo, el aumento del sector informal, que podrá continuar operando con jornadas más extensas, profundizando la brecha de inequidad laboral y la competencia desleal. El cuidado del sector formal de nuestra economía debe ser una prioridad del gobierno como instrumento para abatir la creciente desigualdad en el país.
Rafael Espino
De Chihuahua. Abogado fiscalista. Consejero Independiente de Petróleos Mexicanos. Senador de la República por Morena.
