En una reciente reunión con líderes de Ciudad Juárez, se vivió un momento que, aunque breve, fue revelador. Le pregunté a las y los candidatos a jueces y magistrados directamente lo siguiente: ¿para quién van a trabajar? Aunque parezca obvio, la respuesta era necesaria frente a los claros vínculos políticos que algunos de ellos tienen. Lo preocupante es que ninguno respondió.
Evadieron la pregunta. Cambiaron de tema, hablaron de sus propuestas, de su trayectoria y hasta de por qué deberíamos votar por ellos. Pero nadie ni uno solo tuvo la apertura para asumir con claridad a quién responde. Se esperaba que al menos uno aprovechara la oportunidad para demostrar independencia, pero todos optaron por el silencio. Ese silencio dice más de lo que quisieron ocultar.
Y es que varios de los candidatos tienen antecedentes visibles como operadores políticos o participantes activos en campañas. Es cierto, no tiene nada de malo tener afinidad por un partido político. Al contrario, es un derecho. Vivimos en un país democrático y cada persona puede comulgar con los ideales que más se alineen a su forma de ver el mundo. Pero cuando esa afinidad se convierte en compromiso, en lealtad o en deuda con actores políticos, entonces sí estamos ante un riesgo serio.
Porque si un juez o magistrado llega al cargo gracias a favores políticos, lo más probable es que esos favores se tengan que pagar. Y cuando se pagan desde el poder judicial, el costo no es personal. Se paga en malas resoluciones, en decisiones viciadas, en impartición de justicia manipulada. Se paga favoreciendo a quien no tiene la razón legal, pero sí el respaldo político.
Además, es alarmante la curva de aprendizaje que enfrentan muchos de estos aspirantes. Hay perfiles que, más allá de los vínculos partidistas, simplemente no tienen la experiencia suficiente para ocupar un cargo de tal responsabilidad. Pretenden llegar al poder judicial sin haber pisado una sala de audiencias, sin conocer a fondo los procesos, sin haber ejercido el derecho desde lo técnico y lo práctico. La improvisación en un rol tan delicado no solo es irresponsable, es peligrosa.
Lo que está en juego no es un cargo más. Lo que peligra es la independencia judicial. La justicia pierde sentido si quienes deben aplicarla están comprometidos con intereses partidistas. Un juez no puede tener jefes políticos. No puede deberle nada a nadie. Su único compromiso debe ser con la ley y con la ciudadanía.
Por eso es tan importante observar con lupa este proceso. No basta con votar por el nombre más conocido o por quien tenga más presencia en redes. La imparcialidad no se mide por popularidad. Necesitamos perfiles capaces, con experiencia jurídica sólida, pero sobre todo, con ética y autonomía reales.
Elegir mal no es solo un error administrativo. Es abrirle la puerta a decisiones injustas que pueden afectar vidas, familias y comunidades enteras. El poder judicial no puede ni debe ser la extensión de ningún partido. Y si hoy no levantamos la voz, mañana no podremos quejarnos de sentencias que obedecen más a acuerdos de poder que al marco legal.
La ciudadanía merece jueces imparciales, profesionales y comprometidos con la verdad jurídica, no con los intereses de grupo. Lo que está en riesgo no es solo el prestigio de una institución. Es el acceso a una justicia que sea realmente para todos.
La pregunta sigue en el aire y sigue siendo vigente y urgente:
¿Para quién van a trabajar, para el gobierno,
para la ley o para los ciudadanos?
Mayra Machuca
Abogada, Activista, Columnista, Podcaster.
Especializada en análisis y asesoría jurídica, cuenta con experiencia administrativa y jurídica con habilidades destacadas en la resolución de problemas y coordinación de tareas. Experta toma de decisiones estratégicas. Activa en Toastmasters y Renace y Vive Mujer.
