El hallazgo de más de 380 cuerpos en el crematorio Plenitud, en Ciudad Juárez, no solo expone una tragedia humana de proporciones abrumadoras; nos revela, en toda su crudeza, la descomposición institucional, la indiferencia burocrática y la impunidad que corroe a las estructuras encargadas de garantizar algo tan básico como la dignidad después de la muerte.
A lo largo del último mes, familias destrozadas han salido a las calles con urnas vacías, con pancartas que claman por justicia, y con una sola exigencia: que se diga la verdad. Porque no solo se trata de cuerpos no cremados. Se trata de una mentira estructural, sostenida por un sistema que fue incapaz —o renuente— de supervisar lo que ocurría en un negocio donde se vendía, literalmente, la paz de los muertos.
La crueldad del caso no está únicamente en los cadáveres abandonados o en las cenizas falsas entregadas —compuestas de tierra, piedras, yeso o incluso clavos— sino en el desamparo al que fueron y siguen siendo sometidas las familias. Muchos de ellos confiaron en que, al entregar a sus seres queridos a servicios funerarios, recibirían cierre y consuelo. En cambio, recibieron urnas sin alma, certificados sin veracidad y respuestas oficiales plagadas de tecnicismos y evasivas.
Y mientras eso ocurre, la justicia avanza con pasos dolorosamente lentos. Solo dos personas han sido detenidas: el dueño del crematorio y un trabajador. ¿Se deslindaron ya de responsabilidades las funerarias que subcontrataban el servicio? ¿Y las autoridades que tenían la obligación de inspeccionar? ¿Y los funcionarios que, sabiendo del historial de irregularidades del lugar, permitieron que siguiera operando?
Por eso, las recientes manifestaciones encabezadas por el colectivo Justicia para Nuestros Deudos, así como organizaciones civiles locales, no son simples actos de protesta, sino un grito social que busca evitar lo que tantas veces hemos visto en este país: el olvido. La ruta de la desmemoria es la vía predilecta de la impunidad. Si como sociedad dejamos de hablar del caso Plenitud, si dejamos de exigir verdad y castigo, lo que hoy nos indigna se convertirá, como tantas otras veces, en una nota de archivo.
Es por eso que no debemos dejar de visibilizar este caso. No es un hecho aislado ni una rareza. Es la evidencia más cruda de cómo el abandono institucional puede traducirse en violencia contra los muertos y sus familias. Cuando el Estado no regula ni supervisa, cuando las autoridades no responden con urgencia ni humanidad, entonces el crimen no es solo de quien lo cometió directamente. Es también de quien lo permitió, lo ignoró o lo encubrió.
Los actos simbólicos, como las veladoras encendidas frente a la Fiscalía, o las urnas llevadas en marcha durante siete kilómetros bajo el sol de Juárez, no deben ser reducidos a “expresiones de dolor”. Son reclamos políticos con toda legitimidad. Son exigencias de que se actúe, se investigue y se sancione a todos los responsables, desde el más evidente hasta el más encumbrado.
Este no puede ser uno más de esos casos donde el aparato estatal finge estar en movimiento mientras espera que el calendario haga su trabajo de borrar la indignación. La justicia no puede diluirse como el humo. No puede reducirse a un proceso forense lento, sin comunicación ni empatía. No puede resolverse solo con dos imputados y un archivo cerrado.
Ciudad Juárez y todo México merecen una respuesta contundente. Las familias merecen la certeza de saber dónde están sus muertos, qué les hicieron, y quién debe pagar por ello. Y nosotros, como sociedad, debemos mantener viva la memoria de este horror, no por morbo, sino por dignidad. Por justicia.
No podemos permitir que la indignación se apague. No podemos permitir que la verdad quede reducida a cenizas. Gracias por leer, yo soy Daniela Gonzalez Lara.
Daniela González Lara
Abogada y Dra. en Administración Pública, especializada en litigio, educación y asesoría legislativa. Experiencia como Directora de Educación y Coordinadora Jurídica en gobierno municipal.
