En Coahuila se ha hecho historia. Por primera vez en esa entidad —y por segunda ocasión en el país— un juez ha determinado vincular a proceso a una mujer por el delito de violencia vicaria, en sus modalidades física y psicológica, en perjuicio de sus propios hijos y de su expareja. La resolución, emitida por el juez Reynold Elguéssabal Dávila, representa un parteaguas judicial, pero también reaviva un debate espinoso: ¿qué tan preparada está la justicia mexicana para enfrentar esta figura jurídica sin caer en su politización o en su uso instrumental?
La imputada, Estela Guadalupe, enfrentó cargos bajo la causa penal 1249/25, y aunque aún no se emite una sentencia definitiva, la decisión del juez de vincularla a proceso marca un precedente significativo. A partir de ahora, no solo se reconoce que la violencia vicaria también puede ser ejercida por mujeres, sino que el Estado ha validado, con base en pruebas, que se trata de un tipo de agresión que va más allá del conflicto entre adultos: una forma de violencia que usa a los hijos como instrumentos de venganza.
El denunciante, Johnny Emanuel Robles, miembro del colectivo Padres por la Verdad, ha descrito la resolución como un paso crucial en su lucha por el bienestar de sus hijos. “Esto es por ellos”, dijo, en un testimonio que revela no solo dolor, sino también la soledad y el estigma que enfrentan los hombres que denuncian violencia familiar en un sistema todavía marcado por narrativas unilaterales.
La violencia vicaria, entendida como el daño causado a una persona mediante el sufrimiento de sus seres queridos, ha sido tradicionalmente enmarcada como una forma de violencia de género contra las mujeres. Pero los hechos recientes nos obligan a revisar con objetividad esta figura legal, para evitar que se convierta en un campo de batalla ideológico o en una trampa jurídica que confunda justicia con revancha.
En este momento, el Congreso del Estado de Chihuahua tiene la oportunidad de actuar con seriedad. La iniciativa presentada para tipificar la violencia vicaria parte de una redacción excluyente que define al agresor como exclusivamente masculino, y a la víctima como mujer, negando así la existencia de vínculos paternales vulnerables, y dejando sin protección a infancias que también sufren al ser alejadas de su padre.
Además, el texto propuesto en su forma actual criminaliza conductas legítimas como el ejercicio del derecho a interponer denuncias, demandas o recursos legales. Penalizar el acceso a la justicia no solo es un error técnico, sino una amenaza a las libertades fundamentales. Nadie debería enfrentar cargos penales por acudir a tribunales.
El tipo penal propuesto, al partir de presunciones por sexo, también atenta contra el principio de presunción de inocencia y abre la puerta a procesos donde la carga de la prueba se invierte con base en estereotipos, no en hechos.
Hoy más que nunca, necesitamos una ley que proteja a las víctimas sin discriminar a nadie, que ponga al centro el interés superior de la niñez y que no reproduzca errores de diseño que acabarán siendo impugnados o, peor aún, utilizados como herramienta para litigar con ventaja en procesos familiares.
Mientras tanto, los hijos de la expareja en Coahuila permanecerán bajo el cuidado de su abuela materna, a la espera de que el juez familiar determine lo que sea mejor para ellos. Esa será la verdadera prueba: demostrar que el interés superior de la infancia no es solo un principio discursivo, sino una guía real en el actuar del Estado.
El caso de Estela Guadalupe nos obliga a mirar con nuevos ojos. No es —ni debe ser— una guerra entre géneros. Es una oportunidad para corregir un sistema que sigue fallando en proteger a quienes más lo necesitan: las niñas, los niños, los padres, las madres, las familias enteras atrapadas en dinámicas judiciales que muchas veces revictimizan más de lo que salvan.
A las diputadas y diputados del Congreso de Chihuahua: todavía están a tiempo. Aún pueden construir una legislación sólida, justa y constitucional, que proteja de verdad, que no excluya, que no estigmatice y que resista el paso del tiempo y los juicios de la historia.
Hagan lo correcto.
Defendamos al vicario.
David Gamboa
Mercadólogo por la UVM. Profesional del Marketing Digital y apasionado de las letras. Galardonado con la prestigiosa Columna de Plata de la APCJ por Columna en 2023. Es Editor General de ADN A Diario Network.
