Ciudad Juárez, con casi 1.6 millones de habitantes, vive una realidad difícilmente visible hasta que se transita por sus calles: la población en situación de calle ─muchas veces enferma, marginada y estigmatizada─ convive día a día con ciudadanos, turistas y comerciantes en el corazón del Centro Histórico. Frente a esta situación, desde el Gobierno Municipal se impone una respuesta humana, compasiva y organizada: un Centro Municipal de Misericordia, un espacio integral, aún en la etapa de planeación, que sería dedicado a asistir dignamente a quienes sobreviven en las aceras y plazas de la ciudad.
Las cifras son reveladoras: en comedores como El Barreal, dependiente del DIF Juárez, alrededor de 200 personas acuden diariamente por alimento, y la mitad de ellas no cuenta con un refugio donde pasar la noche. En escala más amplia, el municipio de Juárez registró en 2020 al menos 37 personas sin hogar, empatando como el tercer municipio en Chihuahua con mayor incidencia. Además, una proporción significativa de esta población vive con adicciones o padecimientos mentales: entre el 40 % y el 60 % según estimaciones de otros estados, y aunque no hay datos específicos de Juárez, es razonable asumir que la situación es similar.
Las personas en situación de calle no son un grupo homogéneo: incluyen mujeres, hombres, migrantes, personas con enfermedad mental o adicciones, e incluso familias. De ellas, aproximadamente el 40 % sufre problemas psicológicos y un 60 % presenta adicciones. En Juárez, se atiende a unas 40 mujeres por semana en atención directa, incluyendo trabajo sexual con pruebas médicas e insumos sanitarios, pero su cobertura sigue siendo insuficiente.
La población en condición de calle sufre discriminación y estigmatización. El sistema de protección social no reconoce adecuadamente sus derechos y una percepción social los asocia frecuentemente con delincuencia o vagancia.Esta invisibilización, incluso en el Centro Histórico, evidencia una falla colectiva: si bien hay comedores y albergues, no existe una estrategia coordinada, sistemática y digna que integre servicios básicos, salud mental, asistencia legal y herramientas de reinserción social.
El Centro Histórico es, sin duda, el epicentro urbano donde la problemática se hace más evidente. Las plazas y banquetas, escenario de gran afluencia cultural y económica, también son refugio de indigentes que, por la falta de alternativas, “habitan” los espacios públicos. Las políticas municipales actuales —limpieza, ordenamiento urbano y reubicación “respetuosa”— son paliativos que no abordan las causas profundas ni la dignidad de quienes ahí pernoctan .
Un Centro de Misericordia se podría erigir como una respuesta integral: incluiría alojamiento temporal digno, alimentación nutritiva, atención médica primaria, salud mental, tratamiento especializado (para adicción o enfermedad mental), servicios de higiene, asesoría legal y apoyo para trámites (como actas de nacimiento o CURP), además de programas de capacitación laboral y reinserción.
Un centro de estas características aportaría múltiples beneficios:
- Reconstrucción de la dignidad: al ser atendidos con respeto y sin juicios, las personas recuperan autoestima y estímulo para replantear su trayectoria vital.
- Reducción de riesgos en salud pública: atender adicciones, enfermedades mentales y precariedad sanitaria reduce infecciones, agresiones, e impactos colaterales en la comunidad.
- Desahogo al espacio público: un Centro de Misericordia contribuye a lograr un entorno urbano más ordenado, seguro y apto para actividades culturales y el comercio en el Centro Histórico.
- Impacto económico positivo: con programas de capacitación laboral y reinserción social, se brinda una oportunidad real para la inclusión productiva y el alivio presupuestal a asistencia pública.
- Respuesta humanista: al alinear acciones tanto de autoridad como de sociedad civil, se enmarca la problemática como un reto humano, no meramente urbano.
Para garantizar el éxito de un Centro de Misericordia, es esencial observar seis principios:
- Enfoque integral y multidisciplinario: salud física, mental, legal, vivienda y trabajo deben abordarse en conjunto.
- Coordinación institucional: autoridades municipales, DIF, IMSS-BIENESTAR y organizaciones civiles deben operar de manera conjunta.
- Ubicación estratégica: el Centro Histórico, por su accesibilidad y visibilidad, es ideal para abrir puertas a quienes hoy perviven en sus plazas.
- Sostenibilidad financiera: un modelo mixto de presupuesto público, donaciones filantrópicas y aportaciones voluntarias favorece su permanencia.
- Inclusión comunitaria: la participación activa de vecinos, comerciantes y voluntarios consolida un tejido social de apoyo.
- Medición y transparencia: indicadores claros sobre número de atendidos, reinserción laboral o mejora en salud deben ser comunicados públicamente.
Daniela González Lara
Abogada y Dra. en Administración Pública, especializada en litigio, educación y asesoría legislativa. Experiencia como Directora de Educación y Coordinadora Jurídica en gobierno municipal.
