En la vida pública mexicana existen frases que terminan convirtiéndose en símbolos de una época. Una de ellas fue pronunciada una y otra vez por el expresidente Andrés Manuel López Obrador:
“No robar, no mentir y no traicionar al pueblo.”
La expresión logró conectar con millones de mexicanos porque resumía algo elemental: la exigencia de ética en el ejercicio del poder. No se trataba solamente de una frase política; era, en el fondo, una demanda moral de una sociedad cansada de corrupción, impunidad y abusos históricos.
El problema comienza cuando esos principios dejan de ser reglas de conducta y se convierten únicamente en propaganda.
Hoy muchos ciudadanos observan con decepción que la polarización política ha llegado a niveles vergonzosos. En el Senado, en la Cámara de Diputados y en múltiples congresos estatales vemos legisladores que se insultan, se ridiculizan y se acusan mutuamente, mientras los problemas reales del país siguen creciendo: inseguridad, corrupción, impunidad, crisis de salud, adicciones y violencia social.
Y la responsabilidad no es exclusiva de un solo partido.
Morena llegó al poder denunciando precisamente los excesos del viejo sistema político representado por el PRI y el PAN. Sin embargo, conforme han pasado los años, muchos mexicanos perciben que algunos integrantes del propio movimiento repiten prácticas que antes criticaban: protección política, opacidad, culto al liderazgo y defensa automática de personajes señalados públicamente por corrupción o abuso de poder.
Eso lastima profundamente a quienes apoyaron el proyecto con honestidad.
Porque una cosa es respaldar las ideas sociales o el proyecto nacional impulsado por López Obrador, y otra muy distinta caer en el fanatismo político que justifica absolutamente todo. La democracia no puede sostenerse sobre la obediencia ciega ni sobre la idolatría de los líderes.
Quien verdaderamente cree en los principios de la Cuarta Transformación debería ser el primero en exigir congruencia.
Si el lema es “no robar”, entonces ningún funcionario, gobernador, senador o alcalde debería recibir protección política cuando existan señalamientos graves que deban investigarse conforme a derecho.
Si el lema es “no mentir”, entonces los gobiernos y partidos tendrían que abandonar la manipulación mediática y la propaganda permanente para hablarle con honestidad a la población.
Y si el lema es “no traicionar”, entonces ningún político debería utilizar el poder únicamente para mantenerse en el cargo, enriquecerse o dividir a los mexicanos.
Lo mismo aplica para el PRI y el PAN, partidos que durante décadas gobernaron el país y que hoy critican conductas que ellos mismos permitieron o normalizaron en distintos momentos de la historia nacional. La autoridad moral no se recupera únicamente señalando los errores del adversario.
México necesita menos fanáticos y más ciudadanos críticos.
En estados como Chihuahua y Sinaloa, la confrontación política se ha vuelto cada vez más agresiva. Acusaciones de corrupción, vínculos criminales, traición a la patria o protección institucional circulan diariamente en redes sociales y medios de comunicación, mientras la ciudadanía termina atrapada entre campañas de odio, desinformación y discursos incendiarios.
Y en medio de todo eso, el ciudadano común observa con impotencia cómo los políticos se pelean… pero pocas veces resuelven.
La política mexicana parece haber olvidado algo fundamental: el servicio público exige altura moral, prudencia y ejemplo personal.
No se puede pedir honestidad mientras se protege la corrupción.
No se puede hablar de democracia mientras se insulta al que piensa distinto.
No se puede exigir respeto al pueblo mientras los representantes populares convierten las tribunas en espectáculos de confrontación vulgar.
México no necesita políticos perfectos, porque no existen. Pero sí necesita funcionarios con vergüenza, límites éticos y capacidad de reconocer errores.
Los principios que López Obrador repitió durante años no deberían pertenecer solamente a Morena. Tampoco deberían ser usados como armas políticas temporales. En realidad, deberían ser obligaciones mínimas de cualquier servidor público sin importar el color del partido.
Porque cuando un gobernante roba, miente o traiciona, no solamente falla un político. Falla la confianza pública, se debilita la democracia y se lastima la esperanza de millones de personas que todavía creen que México puede ser mejor.
Y esa decepción ciudadana, tarde o temprano, termina alcanzando a todos los partidos por igual.
Héctor Molinar Apodaca
Facilitador Privado #24
Abogado especialista en Gestión de Conflictos y Mediación.
Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.
