En los últimos días, el gobierno mexicano ha hecho dos cosas al mismo tiempo: pedir inversión privada… y aumentar la incertidumbre para quienes invierten.
Por un lado, desde la Presidencia se ha insistido en la necesidad de detonar crecimiento económico a través de la inversión, particularmente en esquemas mixtos entre el sector público y el privado. Por otro, decisiones como la validación de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueda congelar cuentas sin orden judicial envían señales que, fuera del discurso político, son leídas por los mercados como un aumento en el riesgo institucional.
El contraste no es menor.
Hay, sin embargo, un cambio relevante en el tono. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la relación con el sector privado estuvo marcada por la confrontación. “El modelo neoliberal ya no funciona”, repetía el expresidente, en una narrativa donde el capital privado era frecuentemente presentado como parte del problema. Hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum ha moderado el discurso. Ha llamado a la inversión, ha planteado esquemas de coinversión y ha buscado reconstruir puentes con el empresariado.
La pregunta es inevitable: ¿se trata de convicción o de necesidad?
La respuesta parece inclinarse hacia lo segundo. México creció apenas alrededor de 0.8% en 2025, una cifra insuficiente para sostener mejoras estructurales en bienestar. La reducción de la pobreza —uno de los principales logros del gobierno anterior— difícilmente será sostenible sin crecimiento económico. No basta con “repartir el pastel” si el pastel no crece.
En ese contexto, la inversión privada deja de ser una opción ideológica y se convierte en una urgencia económica.
De ahí los llamados reiterados del gobierno a invertir, particularmente en infraestructura. Se han planteado bolsas de inversión mixta por varios billones de pesos y se ha insistido en la necesidad de que el capital nacional juegue un papel más activo. Sin embargo, ahí emerge otro contraste: mientras el discurso invita, la realidad contiene.
El propio sector empresarial ha sido claro en señalar que la inversión está detenida o, en el mejor de los casos, avanzando con cautela. Y no es difícil entender por qué. La decisión de permitir a la UIF congelar cuentas sin orden judicial previa introduce un elemento de discrecionalidad que afecta directamente la certidumbre jurídica. Aunque la medida se justifique en el combate al lavado de dinero, el mensaje para inversionistas es otro: el Estado puede intervenir en activos sin control judicial inmediato.
A esto se suman las señales que llegan desde fuera. Medios y analistas en Estados Unidos han advertido que empresas están posponiendo decisiones de inversión en México ante la incertidumbre institucional, particularmente en materia legal y regulatoria. El país sigue siendo atractivo por su ubicación y por el nearshoring, pero el capital —como siempre— no responde a discursos, sino a condiciones.
El resultado es una paradoja: México necesita inversión, pero no termina de generar el entorno de confianza necesario para atraerla de manera sostenida.
Esto nos lleva al punto central: ¿qué tan atractivo es el Estado mexicano como socio?
La respuesta, vista con frialdad, es ambivalente. Por un lado, el gobierno tiene capacidad de ejecución y acceso a financiamiento que pueden detonar proyectos de gran escala. Por otro, su historial reciente —en Pemex, CFE y grandes proyectos de infraestructura— no ofrece evidencia contundente de generación de valor o rentabilidad. A ello se suma un factor aún más delicado: la asimetría. El Estado no solo es socio, también es regulador, árbitro y, en muchos casos, competidor.
Coinvertir con un actor que define las reglas del juego, puede cambiarlas y además no ha demostrado consistentemente resultados financieros sólidos, no es una decisión trivial.
Al final, el problema no es que el gobierno invite a invertir. El problema es que, al mismo tiempo, construye un entorno donde confiar se vuelve cada vez más difícil.
Y en inversión, la confianza no es un discurso. Es una condición.
Luis Enrique Villavicencio
Especialista en desarrollo económico y vinculación estratégica entre academia, industria y sector público. Enfocado en fortalecer MIPYMES y alinear la formación con el sector productivo, analiza el entorno económico con visión crítica y enfoque propositivo para impulsar la competitividad regional.
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