Desde el inicio de su segundo mandato en la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald J. Trump ha caracterizado su gestión, utilizando la política arancelaria como un instrumento que ha perseguido diversos objetivos.
Desde aranceles con fines meramente recaudatorios, que buscan fortalecer la hacienda pública, acompañando la medida con reducciones en el impuesto sobre la renta a empresas contribuyentes norteamericanas, hasta otros meramente proteccionistas, como el caso del 25% impuesto a todos los productos de acero y aluminio, sin importar el país de procedencia, que ha afectado seriamente a los exportadores mexicanos del ramo.
Otros buscan primordialmente evitar distorsiones en las balanzas comerciales, que el presidente Trump ha venido insistentemente señalando, particularmente con países manufactureros como India, China o el caso de nuestro país. Finalmente ha recurrido también a aranceles de represalia, cuya lógica de imposición radica más en remediar cuestiones comerciales o políticas específicas, como las recientemente anunciadas a todos aquellos países que exporten hidrocarburos a Cuba, lo que parece orilló a nuestro gobierno a suspender, en una decisión calificada por la presidenta Claudia Sheinbaum como soberana, las exportaciones a la isla hermana.
Todo este circo arancelario lo ha realizado el ejecutivo federal estadounidense, con presunta autoridad delegada, derivada de la Ley de Facultades Económicas para Emergencias Internacionales (IEEPA, por sus iniciales en inglés), cuya constitucionalidad actualmente se encuentra en escrutinio en la Suprema Corte de Justicia y su resolución se espera para este mes de febrero, al término del receso invernal y en el inicio del período de deliberaciones formales.
Es de tal importancia el próximo pronunciamiento del máximo tribunal, que el propio presidente Trump lo ha considerado como “un asunto de vida o muerte para su país”, según escribió en sus redes sociales. Paralelamente, el secretario del Tesoro Scott Bessent, advirtió que los Estados Unidos se encuentran al “filo de la navaja” y que entre más se tarde el fallo de la Suprema Corte, “mayor será el riesgo de una crisis económica”. El apremio por una pronta resolución se incrementa por las recientes amenazas de imposición de aranceles a Corea del Sur, así como a las naciones europeas que rehusaron respaldar el plan de control sobre Groenlandia.
La IEEPA promulgada en 1977, concede al presidente la facultad de regular la importación de bienes en casos extremos de emergencia nacional, que resulten de una inusual y extraordinaria amenaza a la seguridad nacional, a la política exterior o a la economía estadounidense. La IEEPA se ha invocado por gobiernos anteriores para establecer sanciones económicas a países terceros, pero nunca como fundamento de imposición tarifaria.
Con señales de criterios divididos entre los ministros de justicia estadounidenses, una resolución adversa al ejecutivo federal, obligaría a devolver lo recaudado a los importadores, pero todavía lo más importante, sería el prohibir al presidente Trump, el seguir utilizando a los aranceles como instrumentos de represalia internacional, más allá de consistir en contribuciones, que cumplen estrictamente con un fin recaudatorio.
Rafael Espino
De Chihuahua. Abogado fiscalista. Consejero Independiente de Petróleos Mexicanos. Senador de la República por Morena.
