En toda democracia funcional existe un principio básico que no admite matices: el poder debe estar limitado. No por desconfianza ideológica, sino por experiencia histórica. Cada vez que el poder se concentra sin contrapesos reales, el resultado, tarde o temprano, ha sido el mismo: abuso, distorsión de la ley y debilitamiento de las libertades.
México atraviesa hoy un proceso de reconfiguración institucional que se presenta bajo una narrativa políticamente atractiva (austeridad, combate a privilegios y cercanía con el pueblo).
Sin embargo, detrás de ese discurso existe un fenómeno más profundo: la reducción sistemática de los mecanismos que equilibran al poder público.
Los órganos autónomos, los sistemas de transparencia, los árbitros electorales y los reguladores independientes no surgieron como capricho burocrático. Fueron diseñados precisamente para evitar que el gobierno en turno concentrara la totalidad de las decisiones estratégicas del Estado. Eran, en esencia, los límites que protegían a la ciudadanía frente al poder.
Hoy esos límites se están debilitando.
El argumento oficial sostiene que se trata de eliminar excesos y devolverle el poder al pueblo.
En abstracto, suena razonable. Pero en la práctica, la eliminación o subordinación de contrapesos no empodera al ciudadano: empodera al gobierno. Y cuando el gobierno acumula poder sin vigilancia efectiva, la democracia deja de ser un sistema de equilibrio para convertirse en un sistema de concentración.
Ahí es donde comienza el riesgo.
La historia política del mundo es contundente. Los procesos que inician con la simplificación del Estado y la concentración del poder rara vez terminan en mejores condiciones de libertad.
Por el contrario, tienden a derivar en modelos cada vez más cerrados, donde la crítica se debilita, la rendición de cuentas se diluye y las decisiones se toman desde un centro cada vez más reducido.
Eso, en su expresión más extrema, es el totalitarismo.
Conviene ser claros: no todo proceso de concentración conduce automáticamente a un régimen totalitario. Puede, incluso, en ciertos momentos, generar eficiencia o rapidez en la toma de decisiones. Puede ser, en apariencia, funcional. Pero el problema no es el corto plazo. El problema es estructural.
Cuando se eliminan los contrapesos, el sistema deja de proteger derechos y comienza a depender de la voluntad del poder. Y ningún sistema basado en la voluntad (por más legítima que parezca en un momento dado) puede garantizar de manera sostenida la libertad, la igualdad y la justicia.
Más aún, la concentración del poder tiene un efecto social que suele subestimarse. Cuando la ciudadanía percibe que las instituciones ya no la protegen, surge una sensación de vulnerabilidad y frustración. El resultado es un clima de enojo colectivo, donde el ciudadano no solo desconfía del gobierno, sino también de otros ciudadanos.
Es ahí donde la fractura social se profundiza.
El pueblo comienza a sentirse manipulado, empobrecido o excluido, y en lugar de encontrar soluciones institucionales, canaliza su inconformidad hacia otros sectores de la sociedad. Se rompe el tejido social. Se debilita la fraternidad. Y el conflicto deja de ser vertical (ciudadano contra poder) para volverse horizontal (pueblo contra pueblo).
Ese es uno de los efectos más peligrosos de la erosión institucional: no solo afecta la política, afecta la cohesión social.
La democracia no es únicamente votar. Es un sistema complejo de equilibrios que protege a los individuos incluso frente a mayorías momentáneas o liderazgos fuertes. Cuando esos equilibrios desaparecen, la democracia no se extingue de inmediato, pero sí se degrada.
México no está hoy en un escenario de ruptura absoluta. Pero sí transita por una pendiente delicada: la de sustituir instituciones por voluntades, reglas por decisiones y contrapesos por concentración.
Y esa es una ruta que, históricamente, rara vez termina bien.
Porque cuando el poder deja de tener límites, lo primero que se pierde no es el orden, sino la libertad.
Fernando Schütte Elguero
Empresario inmobiliario, maestro, escritor, y activista en seguridad pública. Destacado en desarrollo de infraestructura y literatura.
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