Este martes 21 de octubre, invité a mi programa de radio de El Meollo del Asunto (12 hrs, por 100.3 FM) al licenciado Héctor Molinar. Un abogadojuarense reconocido en la ciudad por su integridad y profesionalismo, pero también por ser uno de los primeros apoyadores de Andrés Manuel López Obrador en Ciudad Juárez.
Le propuse que habláramos sobre la reforma a la Ley de Amparo que se acaba de aprobar en el Congreso de la Unión. Sabía que él, antes de sus filias, pone por delante su profesionalismo y, más aún, la certeza, que como abogado practica diariamente.
Héctor me contestó un tanto abatido ante la realidad y los alcances de tal modificación, la que —dijo— otorga todas las ventajas al Estado mexicano y se las quita al ciudadano. Ergo, -le comenté- la mencionada ley es un retroceso. (Si desea el lector escuchar la entrevista de 50 minutos, la puedeencontrar en el sitio de El Meollo del Asunto, en Facebook.)
Lo que el Congreso de la Unión aprobó con 345 votos a favor y 131 en contra, es una de las reformas más significativas —y preocupantes— a la Ley de Amparo en décadas. Promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum, y avalada por las comisiones de Justicia y Hacienda, esta modificación se presenta con un ropaje noble: “fortalecer el juicio de amparo” y “consolidarlo como medio de defensa de los derechos humanos”. Pero como sucede con muchos discursos oficiales, lo que se dice y lo que se hace no suelen coincidir.
El ciudadano que por siglos ha tenido en el amparo su última trinchera contra el abuso del poder, ahora queda en una posición más débil. No solo frente a los tribunales, sino ante la maquinaria del Estado que, una vez más, legisla en su propio beneficio.
El principio fundamental del amparo —la protección del individuo frente al exceso del Estado— se ha invertido. Hoy, el Estado es el protegido.
¿Qué cambió?
El nuevo texto endurece las condiciones para que un ciudadano pueda interponer un amparo. Se establece que solo podrá hacerlo quien acrediteuna “lesión jurídica real, actual y diferenciada del resto de las personas”, y que el beneficio de la anulación de un acto de autoridad sea “cierto y directo”, no hipotético.
En español simple: si el atropello afecta a muchos, nadie podrá ampararse por él. Adiós a los amparos colectivos que frenaron obras, leyes o impuestos injustos.
Otro punto delicado es la suspensión del acto reclamado. Antes, un juez podía detener los efectos de una ley o acto mientras resolvía el meollo del asunto. Ahora, se prohíbe otorgar suspensiones con efectos generales, es decir, que beneficien a todos.
En consecuencia, si una ley es inconstitucional, seguirá aplicándose a todos menos al quejoso. Una victoria individual, en un país de derrotas colectivas.
El Poder Judicial queda además atado de manos en la materia fiscal. Se impide recurrir vía amparo los actos de ejecución o cobro de créditos fiscales “firmes”. Dicho de otra forma, el ciudadano primero paga y luego pelea, aunque el cobro haya sido abusivo.
Y para rematar, las empresas del Estado quedan exentas de prestar garantías que sí se exigen a los particulares. Es decir, el gobierno no arriesga nada cuando litiga, pero el ciudadano sí.
Un poder sin contrapeso
No se trata de tecnicismos legales. Se trata del equilibrio entre el poder del Estado y los derechos del ciudadano.
Esta reforma debilita ese balance al extremo. Otorga a las autoridades una presunción de buena fe y al ciudadano una carga de prueba casi imposible. Quien haya tenido que enfrentarse a la burocracia mexicana —ya sea por un cobro indebido, un permiso negado o una multa absurda— sabe de lo que hablo: el poder público rara vez se equivoca… o al menos, jamás lo admite.
El juicio de amparo fue durante más de un siglo el muro de contención frente al abuso. Nació para eso, y por eso lo temen los gobiernos. Con esta reforma, se le quitan los dientes y se le corta la lengua.
El ciudadano se queda “protegido” solo en el papel, y el Estado puede decir con tranquilidad que “respetó el debido proceso”.
En los hechos, el espíritu del amparo —la defensa del débil frente al fuerte— ha sido traicionado.
El profesionalismo frente a la ideología
Por eso Héctor Molinar, abogado de principios y simpatizante de la 4T, se mostró decepcionado. “Esto no es justicia social”, me dijo con tono grave, “es concentración del poder en nombre del pueblo”.
Y tiene razón. El poder, cuando se acumula sin límites, siempre termina por devorar a quien lo otorgó.
El gobierno que dice hablar en nombre del pueblo acaba de recortar la voz del pueblo en los tribunales.
El ciudadano común —que no tiene partido, fuero ni escolta— se queda con menos herramientas para defenderse de las decisiones de quienes prometieron representarlo.
El amparo ya no es el escudo del ciudadano, sino un trámite condicionado por el Estado.
La Ley de Amparo fue durante generaciones el orgullo jurídico de México. Hoy, con esta reforma, se convierte en su ironía más amarga. Y aunque el discurso oficial la llame “modernización del sistema de justicia”, lo cierto es que la justicia pierde modernidad cuando retrocede en libertad.
Héctor Molinar lo resumió con una frase sencilla, casi con resignación:
“Ahora el ciudadano queda desamparado por la Ley de Amparo.” Y ese es el verdadero meollo del asunto.
Daniel E. Valles
Periodista y comentarista de radio y televisión. "El Meollo del Asunto" y "La Familia es Primero" son sus principales herramientas periodísticas que se publican en medios impresos y digitales en diversas geografías de habla hispana.
Ha sido merecedor de diversos reconocimientos como conferencista y premios de periodismo, entre ellos, la prestigiosa Columna de Plata, que otorga la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez.
