El último regalo para el inquilino de Palacio: la reciente aprobación en la Cámara de Diputados, tanto en lo general como en lo particular, de la reforma judicial impulsada por Morena ha generado un intenso debate en México. Aunque la narrativa oficial sostiene que esta reforma permitirá que el pueblo elija a jueces, magistrados y ministros, la realidad es que esta medida es una estrategia para que el régimen se apropie del poder judicial. Este martes, pasará al Senado, donde aparentemente Morena no cuenta con la mayoría calificada necesaria para su aprobación. Sin embargo, existe la posibilidad de que algunos miembros de la oposición cambien de bando, lo que podría permitir que la reforma sea aprobada; solo falta uno.
Morena ha presentado la reforma judicial como un avance democrático, argumentando que permitirá al pueblo elegir a los miembros del poder judicial, con su lema “EL PUEBLO MANDA”. Sin embargo, esta promesa es engañosa. En el dictamen aprobado, se establece que solo podrán participar en las elecciones aquellos candidatos que cuenten con la aprobación del régimen. Esto significa que, en lugar de abrir el proceso a una verdadera competencia democrática, se restringe la participación a aquellos que sean afines al gobierno actual.
Uno de los aspectos más preocupantes de la reforma es la eliminación de los requisitos de perfil para los candidatos. No se necesita tener una carrera judicial ni cumplir con otros requisitos profesionales para postularse; basta con ser egresado de la carrera de Derecho. Esto abre la puerta a la politización del poder judicial, permitiendo que personas sin la preparación adecuada ocupen cargos de gran responsabilidad. La justicia, que debería ser imparcial y basada en el conocimiento y la experiencia, corre el riesgo de ser manipulada por intereses políticos.
El verdadero objetivo de la reforma es claro: consolidar el control del régimen sobre el poder judicial. Al permitir solo la participación de candidatos aprobados por el gobierno, se asegura que los jueces, magistrados y ministros sean leales al régimen. Esto socava la independencia judicial, un pilar fundamental de cualquier democracia. La justicia se convierte en una herramienta del poder político, en lugar de ser un árbitro imparcial.
La reforma afecta profundamente al sistema judicial. Al permitir que solo los candidatos aprobados por el régimen puedan participar, se garantiza que los jueces no juzgarán al gobierno de manera imparcial. Esto es especialmente preocupante, ya que la independencia judicial es crucial para mantener un equilibrio de poderes y asegurar que el gobierno rinda cuentas. La elección de jueces a modo asegura que las decisiones judiciales favorezcan al régimen, debilitando así la justicia y la democracia en México.
Es justo reconocer que la reforma incluye algunos aspectos positivos, como la reducción de los salarios exorbitantes de los altos funcionarios judiciales. Sin embargo, este aspecto positivo no puede ocultar los graves riesgos que la reforma representa para la independencia judicial y la democracia en México.
Es una farsa; es solo la narrativa de la pretensión de que la gente elija. Tenemos que alzar la voz; esto no está bien, se les está olvidando que la patria es primero.
Aldonza González Amador
Criminóloga y Empresaria Juarense
Actualmente Presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas en el Estado de Chihuahua (ONMPRI) y Estudiante de Administración de Empresas en la Universidad de la Rioja España.
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