Se necesitan espacios para disentir, SIEMPRE. La protesta es una de las herramientas más nobles para corregir el rumbo del poder. En una república plural, ninguna voz debe ser invalidada por no coincidir con la narrativa oficial. La libertad de expresión no es un accesorio del sistema democrático.
Desde el púlpito del poder se ha construido un discurso que reduce toda crítica a un cómodo enemigo imaginario: “la derecha”. Un concepto tan amplio como vacío, que funciona como recipiente de cualquier inconformidad ciudadana, que insensibiliza un asesinato como el de Carlos Manzo. Simplificación tóxica que desgasta el debate y alimenta una lógica binaria que, lejos de fortalecer la democracia, la empobrece. Cada vez que desde el gobierno se descalifica una manifestación social, se debilita uno de los pocos contrapesos reales que quedan en el país.
El detonante de esta discusión surge del homicidio de Carlos Manzo, nexos del poder con el crimen organizado y las marchas programadas para el 15 de noviembre, particularmente por jóvenes de la Generación Z. En lugar de reconocer las terribles problemáticas y los ejercicios legítimos de participación cívica, el gobierno decidió descalificar. La presidenta culpa al pasado y afirmó que la oposición “indujo” la movilización, mientras voces oficialistas acusaron, sin el menor atisbo de prueba, manipulación juvenil y agendas ocultas.
Hay un profundo desprecio por la autonomía política y el criterio nacional, en este caso, de las juventudes. Es paradójico que un gobierno que presume ser progresista recurra al paternalismo que históricamente ha silenciado a mujeres, infancias y disidencias. Negar que los jóvenes puedan organizarse por sí mismos es una forma de infantilización política, una falta de respeto a su conciencia crítica y a su propia capacidad de agencia.
Pero el problema va más allá de esta marcha. Lo que está en juego es la salud democrática del país. Cuando un gobierno descalifica una protesta antes de escucharla, manda un mensaje autoritario: solo es legítima la ciudadanía que aplaude. Y si normalizamos esta lógica, mañana cualquier expresión incómoda podrá ser etiquetada como “enemiga”. La democracia se degrada cuando el poder deja de dialogar y empieza a señalar.
Las marchas del 15 de noviembre representan algo más grande que un desacuerdo político: encarnan la necesidad urgente de un país que quiere ser escuchado. El hartazgo de la inseguridad, la colusión y la corrupción; una juventud cansada que busca se le atiendan demandas, no que los nulifiquen. El gobierno insiste en ver conspiraciones en inconformidades, blindándose del único espejo que puede corregirlo: la ciudadanía movilizada.
México necesita instituciones que escuchen, gobernantes que rindan cuentas y una sociedad que defienda activamente su derecho a ocupar el espacio público sin miedo. Que estas marchas sirvan como recordatorio de que la democracia no se construye obedeciendo, sino participando. Y que ningún gobierno, por más poderoso que se sienta, puede silenciar la voz de quienes exigen un país más seguro, justo, libre y digno.
Georgina Bujanda
Licenciada en Derecho por la UACH y Maestra en Políticas Públicas, especialista en seguridad pública con experiencia en cargos legislativos y administrativos clave a nivel estatal y federal. Catedrática universitaria y experta en profesionalización policial.
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