Pesa sobre los recién electos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación un problema de legitimidad democrática: se habrían elegido en correspondencia a la distribución masiva de “acordeones”, lo que mancharía de manera fundamental la autenticidad de la elección.
Hablábamos en la ocasión anterior sobre lo mucho que dejó a desear la pasada elección judicial, nos atrevemos a calificarlo (ojalá nos equivoquemos) de sainete; nos hace pensar en un “quítate tú para ponerme yo”.
Tanto así que hace apenas unas horas el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en sesión extraordinaria a punto estuvo de no declarar la validez de la elección.
Finalmente, en votación de 6 consejeros electorales contra 5 se procedió a declarar la validez de la elección para ministros de la Suprema Corte y a entregar las constancias respectivas a quienes eventualmente integrarán el máximo tribunal del país.
La conflagración en el seno del órgano electoral nacional viene a traerle más problemas a la conducción política de la República; la presidenta de México deberá pensar en el bien de las instituciones, más allá, mucho más allá de su partido y de su predecesor.
Y es que, aunado al abstencionismo mayoritario de los ciudadanos mexicanos, se estima que una grandísima parte de los votos emitidos tienen su origen en operaciones de movilización, dirección y/o coacción del voto a través de la emisión y distribución de “acordeones”, “guías” o instructivos de votación.
La irresponsabilidad de llevar a cabo y ejecutar apresuradamente una reforma constitucional tan importante como la del poder judicial sin prever las fallas en el procedimiento y atendiendo un modelo procedimental regresivo no puede sino generar serios y preocupantes cuestionamientos.
Estos cuestionamientos referentes a una contienda en donde se presume hubo gran inequidad, reglas insuficientemente claras, uso de redes clientelares, intervención determinante de grupos de poder, coacción directa o indirecta del voto… pueden poner a México en el banquillo de instancias internacionales.
Es decir, la auténtica competencia electoral que debe existir en procesos democráticos no perfectos, pero sí legítimos y aceptables parece que no tuvo lugar en la primera elección judicial desarrollada en nuestro país.
Los ciudadanos mexicanos no podemos echar flores y loas a una elección judicial en gran parte definida presumiblemente a partir de “acordeones” facilitados por estructuras políticas o grupos de poder.
La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación no merecía surgir en tales condiciones. El máximo garante de la impartición de Justicia debe representarsiempre pulcritud y honor.
Deben corregirse y rectificarse las prácticas antidemocráticas que tuvieron lugar en el proceso electoral judicial extraordinario y sobretodo deben tomarse en cuenta para desterrarles de las demás elecciones constitucionales. Fortalecer la Democracia es la idea, no hagamos lo contrario.
“Los profetas profetizaron con mentira, y los sacerdotes dispusieron a su guisa.
Pero mi pueblo lo prefiere así. ¿A dónde vais a parar?”
(Jeremías 5:31)
Moisés Hernández Félix
Lic. en Administración Pública y Ciencia Política, candidato a Maestro en Administración en curso. Ha sido funcionario público federal y docente en nivel media básica y medio superior. Se especializa en gobernanza educativa y políticas públicas.
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