Ciudad Juárez es más que una ciudad fronteriza; es un nodo logístico y productivo cuya salud depende, en buena medida, del flujo ágil y seguro de mercancías a través de sus aduanas.
Por eso no es menor que, en medio de debates legislativos y escándalos por “huachicol fiscal”, se planteen reformas que transforman obligaciones, responsabilidades y sanciones para los agentes aduanales.
La pregunta que debemos hacernos no es retórica: ¿la nueva ley fortalece la lucha contra la corrupción sin asfixiar la competitividad regional, o, por el contrario, convierte en colateral a una economía que ya sufre fricciones?
La dimensión de la apuesta es clara en cifras; Ciudad Juárez concentra una porción sustantiva del comercio fronterizo y de las operaciones aduaneras en México.
En 2024 las exportaciones de la ciudad superaron los 63,000 millones de dólares, con sectores como maquinaria y equipo electrónico a la cabeza; esa magnitud la coloca entre los principales motores exportadores del país.
Esa actividad sostiene cadenas productivas y puestos de trabajo —especialmente en la industria manufacturera que domina el empleo formal local—, por lo que cualquier cambio regulatorio tiene impacto directo en la vida económica de miles.
Aunado a lo anterior, la intensidad operativa lo confirma; las aduanas fronterizas realizaron millones de operaciones en 2024, y Ciudad Juárez reportó más de 1.6 millones de operaciones, equivalente a cerca del 11–12% del total fronterizo en ese periodo.
Además, por puentes como Ysleta–Zaragoza se contabilizaron cientos de miles de contenedores y cientos de miles de cruces de camiones al año, cifras que muestran la escala logística que se mueve día tras día.
Estas no son estadísticas abstractas; son trailers que llegan a tiempo —o que no— y contratos que se ganan o se pierden por horas.
Frente a ese telón de fondo, la reforma aduanera introduce (o, en la versión más reciente aprobada en el Congreso, endurece) reglas que amplían la responsabilidad de los agentes aduanales, limitan causas excluyentes de responsabilidad y aumentan sanciones administrativas y penales.
En palabras llanas; se eleva el costo legal y operativo de la intermediación aduanera justo cuando la frontera demanda rapidez y certidumbre.
El objetivo gubernamental —combatir el contrabando y la evasión— es legítimo; el problema está en el diseño; medidas generales que no discriminan entre culpables e inocentes pueden generar daños colaterales mayores que los beneficios esperados.
¿Cuáles son los efectos positivos previsibles? Si la ley se aplica con criterios técnicos y apoyada en herramientas digitales robustas, podría:
• Reducir prácticas ilícitas mediante mayor trazabilidad y registros electrónicos, disminuyendo oportunidades para fraudes y abusos.
• Fortalecer la recaudación fiscal y la confianza pública si las sanciones se dirigen efectivamente contra los involucrados comprobados.
• Incentivar la profesionalización del gremio y la adopción de mejores prácticas de gestión documental y control interno.
Pero los efectos negativos —y muy palpables en Ciudad Juárez— no son teóricos. Entre ellos destacan:
1. Aumento de costos y tiempos de despacho. Cuando la responsabilidad del agente se amplía sin herramientas y sin capacitación, las empresas internalizan riesgo mediante controles adicionales, seguros más caros y procedimientos precautorios que alargan los tiempos de cruce. En un entorno donde la competitividad se mide en horas, ese rezago es letal.
2. Desincentivo a la oferta de servicios aduanales. Sanciones más duras sin un procedimiento claro para diferenciar conductas pueden llevar a que menos actores ofrezcan servicios o que se concentre la actividad en pocas manos con mayor capacidad de asumir riesgo, lo que reduce la competencia y eleva precios.
3. Riesgo de fuga modal y cuellos de botella. Ciudad Juárez depende fuertemente del transporte carretero.
Si las nuevas reglas frenan el tránsito fluido por carretera sin fortalecer otras alternativas (ferrocarril, ventanillas digitales, coordinación binacional), aumentará la congestión y la pérdida de competitividad para las maquiladoras y proveedores locales. Las cifras evidencian esa vulnerabilidad: la concentración de contenedores y operaciones en puentes específicos hace a la ciudad sensible a cualquier perturbación operativa.
4. Impacto social y laboral. El sector maquilador, que históricamente sostiene una gran proporción del empleo formal en la ciudad, siente primero los efectos económicos. Menos agilidad en las cadenas logísticas se traduce en menor producción, presiones a la nómina y riesgo de pérdida de empleos ya golpeados por la volatilidad reciente del mercado.
La política pública inteligente no es dicotómica; no se trata de elegir entre impunidad o asfixia regulatoria. El diseño ideal debería combinar tres ejes prácticos:
1. Segmentación de responsabilidades. Distinguir claramente entre agentes investigados y el resto del gremio; aplicar medidas pulcramente calibradas que sancionen a responsables probados sin paralizar el trabajo de los demás.
2. Inversión en digitalización y riesgo dirigido. Implementar herramientas de control predictivo (análisis de riesgo, ventanilla única avanzada, interoperabilidad con aduanas de EE. UU.) para focalizar inspecciones, reducir tiempos y elevar certezas jurídicas.
3. Coordinación público-privada y formación. Establecer mesas técnicas permanentes, capacitación obligatoria y fondos para modernización que permitan a los agentes adaptarse sin ver su actividad criminalizada de forma general.
Ciudad Juárez no puede permitirse experimentos regulatorios que ignoren su peso económico. Cuando el legislador dicta normas desde el escándalo y la urgencia, sin acompañarlas de herramientas y evaluaciones, la medida corre el riesgo de ser peor que la enfermedad; castiga a la mayoría honesta por los actos de una minoría.
Los datos no mienten; aquí se mueve economía por miles de millones; aquí cada hora cuenta. Cuidar la aduana no es proteger a los agentes aduanales a cualquier costo; es diseñar políticas que combinen justicia, eficacia y sentido económico.
Si la reforma busca realmente sanear y modernizar, debe hacerlo sin cerrar la puerta que mantiene viva la actividad productiva de una ciudad entera.
Caso contrario, la frontera pagará la factura.
Guadalupe Parada Gasson
Economista, experta en comercio exterior, periodista y docente con amplia trayectoria en sectores público y privado. Ha dirigido medios impresos y digitales, liderado proyectos de comunicación y formación, y se ha desempeñado en ventas, publicidad y relaciones públicas. Destaca por su perfil multidisciplinario, visión estratégica y compromiso con la gestión social y educativa. Recientemente presidenta de Rotary Club Juárez Real (2023–2024).
