Este domingo 1 de junio, por primera vez en nuestra historia, mujeres y hombres elegirán mediante el voto a integrantes del Poder Judicial. No es un detalle menor. Estamos ante un viraje radical en el diseño institucional del país: el paso de un sistema basado en la independencia judicial a uno en donde jueces, juezas y magistraturas tendrán que buscar el respaldo de la mayoría para ocupar su cargo.
A simple vista, podría parecer un avance democrático. Sin embargo, como advierte el jurista Luigi Ferrajoli, “la justicia no puede ser objeto de consensos ni de mayorías: debe estar sujeta solo al derecho”. Elegir jueces por voto popular convierte la justicia en un espectáculo electoral, donde lo importante no será la preparación jurídica, la ética ni la imparcialidad, sino la popularidad, el clientelismo y los favores políticos.
El proceso está viciado desde su origen. No se trata de rechazar la idea de una justicia más cercana, más accesible o más rápida. Eso, sin duda, es una demanda legítima, sobre todo cuando sabemos que en nuestro país son las personas más pobres quienes terminan en prisión, mientras que los poderosos disfrutan de impunidad. Lo que está en juego aquí no es la necesidad de reformar al Poder Judicial, sino el método autoritario y antidemocrático con el que se pretende capturarlo.
En un país donde los contrapesos se han debilitado y el poder se ha concentrado peligrosamente, la elección judicial se presenta como una realidad inminente, pero no como una conquista ciudadana. Entiendo perfectamente a quienes se niegan a convalidar este proceso con su voto. Sin embargo, también reconozco que el abstencionismo solo allana el camino para que el régimen autoritario imponga a sus candidaturas sin resistencia alguna.
El poder judicial ha sido por décadas un espacio cerrado, un coto de poder con escasa rendición de cuentas. Transformarlo es necesario, pero no así. La legitimidad democrática de las instituciones no se construye eliminando los controles, sino fortaleciéndolos. La independencia judicial no es un privilegio, es una garantía de que la justicia no será rehén de los poderosos ni de las mayorías transitorias.
La elección ya está aquí. No podemos ignorarla. Nos encontramos ante una paradoja: si votamos, legitimamos un proceso que puede debilitar la justicia. Si no votamos, facilitamos que ese mismo proceso se imponga sin oposición. Por eso, más que nunca, es necesario el voto consciente, informado y crítico.
Georgina Bujanda
Licenciada en Derecho por la UACH y Maestra en Políticas Públicas, especialista en seguridad pública con experiencia en cargos legislativos y administrativos clave a nivel estatal y federal. Catedrática universitaria y experta en profesionalización policial.
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