Repitiendo que las participaciones son recursos que la Federación transfiere a las entidades federativas, y estas por lo menos el 20 % a sus municipios, recursos que se ejercen de acuerdo a la legislación federal, destacando la Ley de Coordinación, el Presupuesto, y la Ley de Disciplina Financiera, que son recursos que audita la Auditoría Superior de la Federación, particularmente, el gasto federalizado es facultad exclusiva de la ASF. El gasto derivado de las participaciones, es el Congreso local quien aprueba su destino, por ejemplo, el subsidio a la educación superior; pero en el caso las Aportaciones (principalmente Ramo 33) tienen un destino establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en rubros como educación básica, salud, seguridad, etcétera, las aportaciones federales son recursos condicionados a un fin específico.
El gasto Federalizado represente una tercera parte del PEF, pero los entes a auditar son vastos, por ejemplo: municipios, estados, congresos locales, universidades estatales, etcétera.
Al respecto la ASF realiza más de las tres cuartas partes de sus auditorías al gasto federalizado.
Ya he mencionado que la dependencia fiscal de estados y municipios, con honrosas excepciones por supuesto, obedece al abandono que hicieron de sus fuentes tributarias más importantes, a no aprovechar las nuevas facultades que se les han otorgado, ni la colaboración administrativa en la materia.
Comentaba la semana anterior que la última modificación de las fórmulas de distribución de participaciones federales a los estados sufrió cambios desde 2007, que revirtió de manera gradual, los logros del cambio de 1989, al cambiar los coeficientes de los estados, por supuesto que cambian los de los gobiernos locales.
De acuerdo con un estudio desarrollado en el 2020 con base en información de ingresos estatales presentado por el INEGI (inicio del año de la pandemia) las entidades federativas generaron 11% de sus ingresos, 7% fueron a través de deuda pública y 82% provino de recursos federales. En ese mismo año, el 65 % de los ingresos obtenidos por los estados fue a través del impuesto sobre nómina. Esto confirma que no aprovechan las facultades que tienen, o por desinterés o por deficiencias en sus aparatos recaudatorias. Aún más hay áreas de oportunidad que no se aprovechan, como lo son los impuestos digitales y los impuestos verdes, el primero ya con fuerte experiencia en la CDMX y el segundo con avances en Zacatecas, así como los impuestos cedulares.
El diseño de coordinación fiscal en nuestro País no es tan complejo, pero se puso de moda en la Administración anterior, que era mejor “bajar recursos” a través de gestores, de usar recursos del Ramo 23, del Fondo para el Fortalecimiento Financiero de las entidades federativas, que se asignaban de manera discrecional y sin ninguna obligación de comprobación, afortunadamente este Fondo desapareció con el inicio de esta Administración Federal.
Para nuestro débil optimismo, muy pocos municipios de los 2,500 recaudan la mayor parte del impuesto predial, no más de cien.
Llegará el momento de revisar la fórmula para la distribución de participaciones, en estos momentos no es oportuno, ni viable, solo al inicio de una nueva administración, y resultará si la diseñan en el seno de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, no organismos internacionales por respetables que sean. Al interior de las entidades federativas, los congresos locales deben revisar sus propias fórmulas priorizando los principios de equidad, como en 1989-1990
Ahora bien, si cada congreso local define la distribución de las participaciones, no hay similitudes, pero se tienen que actualizar, para incentivar el esfuerzo recaudatorio local, y apoyar a los municipios más pobres, como en Tlaxcala.
David Colmenares Páramo
Auditor Superior de la Federación para el periodo 2018-2026. Economista por la UNAM con una larga trayectoria en el sector público y en la docencia desde 1978.
Cuenta con diversas publicaciones y es en la actualidad miembro de los Consejos Directivos del Colegio Nacional de Economistas, del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y del Comité Técnico de la Conferencia Nacional de Municipios de México.
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