Mientras usted gritaba “¡Viva México!” en la noche del 15 de septiembre, la presidenta presentaba al Senado una iniciativa que podría desmantelar uno de los pilares más importantes de nuestra vida democrática: el juicio de amparo.
Mientras las plazas se llenaban de música, banderas y niños con sombreros tricolores, el Ejecutivo federal proponía una reforma que restringe el alcance del amparo, limita sus efectos generales y permite que el Estado se excuse de cumplir sentencias alegando “imposibilidad jurídica o material”. Una reforma que, bajo el discurso de modernización y combate al lavado de dinero, amenaza con debilitar el último recurso que tiene la ciudadanía para defenderse del abuso de poder.
El juicio de amparo no es un privilegio técnico ni una herramienta exclusiva de abogados. Es el escudo que ha protegido a madres que exigen medicamentos para sus hijos, a comunidades que defienden su territorio, a personas que enfrentan decisiones arbitrarias de autoridades. Es el recurso que permite que la ley no sea solo letra muerta, sino garantía viva de derechos.
La iniciativa propone que las suspensiones otorgadas por jueces ya no tengan efectos generales. Es decir, si una norma viola derechos humanos, la suspensión solo beneficiaría al quejoso, no al resto de los afectados. Esto implica que cada ciudadano tendría que litigar por separado, multiplicando el desgaste, el tiempo y el costo. Se fragmenta la defensa colectiva y se debilita la capacidad de respuesta ante normas injustas.
Además, se limita el interés legítimo, se acortan los plazos, se impide que los jueces impongan sanciones personales a funcionarios que desacaten sentencias y se otorga a la Unidad de Inteligencia Financiera la facultad de bloquear cuentas sin orden judicial. Todo esto configura un escenario donde el poder se blinda y la ciudadanía queda expuesta.
La iniciativa no busca fortalecer la justicia, sino blindar al poder. Está redactada para favorecer al Gobierno y debilitar al ciudadano. Lo que se presenta como modernización es, en realidad, una poda sistemática de las garantías que protegen a la gente común frente a los abusos de autoridad.
Al limitar el interés legítimo, se restringe la posibilidad de que colectivos, pueblos y comunidades defiendan sus derechos. Se excluye a quienes no tienen una afectación directa, pero sí una causa compartida. Se silencian las voces que luchan por el medio ambiente, por la salud pública, por la memoria y por el territorio. Se fragmenta la defensa social y se convierte el acceso a la justicia en un privilegio individual, no en una herramienta colectiva.
Esta reforma no solo modifica artículos: reconfigura el vínculo entre el Estado y su gente. Ya no se trata de garantizar libertades, sino de administrar obediencias. Se quiere un país donde el ciudadano no cuestione, no se defienda, no se organice. Un país donde la ley no proteja, sino controle.
No es casual que esta iniciativa se haya presentado el mismo día en que se celebra la Independencia. Mientras se evocaba la lucha contra el imperio y la tiranía, se gestaba una reforma que concentra poder, debilita contrapesos y erosiona el pacto constitucional. El simbolismo es claro: mientras se grita libertad, se propone limitarla.
¿Quién pierde con esta reforma? Pierden quienes no tienen recursos para litigar. Pierden quienes dependen del amparo para acceder a medicamentos, servicios, justicia. Pierden las comunidades que enfrentan megaproyectos sin consulta. Pierden los trabajadores, los enfermos, los ambientalistas, los periodistas, los defensores de derechos humanos. Pierde México.
Y, sin embargo, no todo está perdido. La memoria jurídica de este país ha resistido dictaduras, simulaciones y reformas regresivas. El juicio de amparo nació como respuesta al abuso, y su defensa puede volver a unirnos. No se trata solo de proteger un mecanismo legal, sino de preservar una forma de vida donde la ley no se impone desde arriba, sino se construye desde abajo.
Porque hay fechas que nos convocan a la fiesta, y otras que nos exigen memoria. Esta es una de ellas. Y frente al ruido de los fuegos artificiales, toca levantar la voz por lo que no se ve, por lo que se quiere silenciar, por lo que aún nos defiende.
¡Quieren ciudadanos obedientes, no libres! Y eso, también hay que gritarlo.
Aldonza González Amador
Criminóloga y Empresaria Juarense
Actualmente Presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas en el Estado de Chihuahua (ONMPRI) y Estudiante de Administración de Empresas en la Universidad de la Rioja España.
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