Hay decisiones que marcan administraciones completas y otras que comprometen generaciones. La reciente aprobación de nueva deuda para el estado de Chihuahua pertenece claramente a la segunda categoría. No por el monto únicamente, sino por la forma, el contexto y la ausencia total de justificación técnica real.
El gobierno estatal ha repetido como mantra que los recursos se destinarán a “obra pública productiva”. El problema es que no existe un solo proyecto ejecutivo presentado, no hay planos, no hay calendarios, no hay estudios de impacto ni análisis costo-beneficio. Solo hay enunciados vagos, conceptos genéricos y promesas sin sustento. Endeudarse así no es planeación: es improvisación financiera.
Cuando un gobierno solicita deuda, la carga de la prueba le corresponde al Ejecutivo. Debe explicar con precisión en qué se gastará cada peso y cómo ese gasto generará beneficios medibles para la población. Nada de eso ocurrió. Por el contrario, se pidió al Congreso un cheque en blanco, comprometiendo recursos futuros sin explicar el destino concreto del dinero.
El riesgo se agrava cuando quien encabeza el Ejecutivo es la gobernadora María Eugenia Campos Galván, cuya trayectoria política está marcada por señalamientos de corrupción y malos manejos de recursos públicos. Antecedentes que no pueden ni deben ignorarse cuando se habla de endeudamiento. La confianza no se decreta; se construye. Y en este caso, simplemente no existe.
Autorizar deuda a un gobierno sin proyectos claros y con historial cuestionado es hipotecar el futuro del estado. Significa menos recursos para salud, educación y seguridad en los próximos años. Significa presupuestos amarrados, márgenes de maniobra reducidos y una presión financiera que recaerá, como siempre, en la ciudadanía.
ero la responsabilidad no termina en el Ejecutivo. Recae directamente en quienes sí levantaron la mano para aprobar el endeudamiento: diputadas y diputados del Partido Acción Nacional (PAN) del Partido Revolucionario Institucional, de Movimiento Ciudadano, del Partido del Trabajo y del Partido Verde. Aprobar deuda sin proyectos, sin información completa y sin exigir garantías mínimas de transparencia no es gobernabilidad: es irresponsabilidad legislativa.
Quienes votaron a favor no podrán escudarse mañana en la ignorancia ni en la disciplina partidista. Tenían la obligación constitucional de cuestionar, condicionar y, en su caso, rechazar una solicitud mal planteada. Optaron por lo contrario. Prefirieron la comodidad política al interés público.
En ese escenario, la ausencia de tres diputadas durante la votación resulta no solo lamentable, sino políticamente reveladora. En el caso de la diputada del Partido del Trabajo, su inasistencia no sorprende. Existe un largo historial de votos y omisiones que han favorecido a gobiernos estatales a cambio de posiciones o beneficios políticos. Ausentarse es una forma cómoda de no asumir costos, pero tampoco de estorbar.
Mucho más grave es la ausencia de las dos diputadas de Morena. Morena ha construido su identidad política en torno al combate a la corrupción y al rechazo del endeudamiento irresponsable. No estar presentes en una votación de esta magnitud equivale a abandonar esos principios en el momento en que más se necesitaban.
La ausencia no es neutral. Facilita decisiones cuestionables, debilita los contrapesos y deja sin voz a miles de ciudadanos que esperaban una postura firme. En política, no estar también es tomar partido, y casi siempre del lado equivocado.
Chihuahua hoy no solo enfrenta una nueva deuda; enfrenta la confirmación de que se siguen tomando decisiones financieras sin planeación, sin transparencia y sin responsabilidad política, avaladas por una mayoría legislativa que prefirió aprobar sin preguntar.
Las deudas mal explicadas nunca terminan bien.
Y los votos —y las ausencias— en momentos clave, nunca se olvidan.
Pedro Torres
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