La Suprema Corte de Justicia de la Nación no es un escenario para protagonismos ni personajes. Es el lugar donde se toman decisiones que pueden cambiar la vida de millones de mexicanos y requiere rigor técnico y ético. Cuando la sesión pública deja la impresión de desorden, improvisación e histrionismo: toca directamente la credibilidad de la justicia.
En días recientes, durante una sesión del Pleno, la ministra Lenia Batres asumió temporalmente la conducción de los trabajos y fue corregida por la ministra María Estela Ríos respecto del orden de los asuntos y de lo que estaba sometido a votación. El episodio, por sí mismo, no demuestra incapacidad. Los errores pueden ocurrir, a todos nos pasa. Lo que merece discusión es la poca seriedad y preparación con la que se ejercerse una función de esta naturaleza.
Presidir una sesión de la Corte no consiste únicamente en ocupar una silla. Implica conocer el procedimiento, ordenar el debate y garantizar certeza jurídica. Presencia sin protagonismo, ese está en los asuntos a discutir. La Ley Orgánica del Poder Judicial Federal establece entre las atribuciones de quien preside la Corte tramitar los asuntos competencia del Pleno y turnar los expedientes. Preparación, precisión y solvencia.
Y aquí aparece un problema mayor. La nueva Corte llegó con una promesa: recuperar la confianza en las instituciones. Esa confianza no se construye con discursos ni símbolos políticos. Se construye cuando una persona entra a un tribunal y sabe que será escuchada por autoridades preparadas, imparciales y serias que pueden resolver sus problemas.
También conviene recordar el contexto. La elección judicial de 2025 estuvo rodeada de cuestionamientos por los llamados “acordeones”, cuya existencia y difusión fueron materia de procedimientos ante las autoridades electorales. La documentación oficial registra modelos de acordeones en los que aparecieron candidaturas que después resultaron ganadoras. No se trata de convertir ese episodio en una sentencia política anticipada, pero sí de entender por qué cada señal de improvisación pesa más sobre una institución que necesita legitimidad y resultados tangibles.
La ciudadanía no tiene por qué conocer cada detalle del procedimiento. Tampoco la vida íntima de los personajes, su humanidad y conocimientos deben estar en sus resoluciones. Para eso existen los tribunales. Pero sí tiene derecho a esperar que quienes imparten justicia conozcan las reglas que deben aplicar, conocer sus personalidades pero no sus estridencias. Cuando esa certeza parece tambalearse en el propio Pleno, la duda se vuelve institucional.
No cuestiono el derecho de ninguna ministra a presidir, discrepar o defender sus posiciones. Cuestiono algo más básico: la dignidad de la Corte exige que el cargo esté a la altura de la responsabilidad. En justicia, la forma importa: detrás de cada expediente hay una persona que espera respuesta.
México ya tiene suficiente desconfianza en sus instituciones. La Corte no puede alimentar una más. El estrado no es un premio ni el mazo un símbolo de poder personal. Es una responsabilidad. Y esa responsabilidad se demuestra con conocimiento, prudencia y respeto por la justicia.
Georgina Bujanda
Licenciada en Derecho por la UACH y Maestra en Políticas Públicas, especialista en seguridad pública con experiencia en cargos legislativos y administrativos clave a nivel estatal y federal. Catedrática universitaria y experta en profesionalización policial.
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