Hay momentos en la política en los que la velocidad de los acontecimientos obliga a desconfiar. Sinaloa es uno de ellos. Rubén Rocha Moya regresó a la gubernatura el 21 de agosto, después de 112 días de licencia, y poco más de un día después volvió a pedir licencia. El Congreso terminó designando a Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina. No fue un trámite cualquiera: ocurrió mientras pesan sobre Rocha señalamientos de autoridades estadounidenses y una investigación en México. Con la declaración de la Presidenta Sheinbaum reprobando el regreso y prácticamente dando lío.
Lo que preocupa no es solo el regreso y la salida. Es la historia que se pretende construir alrededor de ellos: aquí no pasó nada, el problema quedó atrás y basta con cambiar de posición para cerrar una crisis de gobernabilidad, seguridad y justicia. Pésima administración de la verdad.
Carlos Alberto Beltrán Olmeda, exasesor político de Rocha y exfuncionario de Los Cabos, fue identificado mediante pruebas genéticas entre los restos hallados en una fosa clandestina en San José del Cabo. Las autoridades no han establecido públicamente que su muerte esté relacionada con sus funciones, y justamente por eso hay que exigir investigación, no especulación. Una tragedia de esta naturaleza no puede convertirse en una nota al pie de una crisis política.
También resulta difícil pedir confianza cuando cada explicación parece llegar después de la presión pública. Rocha sostuvo que no existían elementos que justificaran su permanencia separado del cargo; después volvió a solicitar licencia en medio de cuestionamientos políticos. La presidenta Claudia Sheinbaum calificó su regreso de inapropiado y dijo que no conocía previamente su decisión. ¿Qué debemos creer entonces: la primera versión, la segunda o la que resulte políticamente conveniente? ¿O incluso el regreso de la práctica del Maximato desde Palenque? Ya no se entiende quién gobierna, quién se entera y quien decide. Un retroceso más en plena arena pública.
Aquí está el verdadero problema. La ciudadanía no tiene por qué aceptar una sucesión de versiones como si fueran verdades definitivas. Un gobierno serio no pide fe: ofrece documentos, investigaciones independientes, resultados y explicaciones que resistan preguntas ante una seria crisis de seguridad, ante un Estado cooptado por el crimen organizado y personas que diario sufren estas decisiones.
México necesita mucho más que un cambio de gobernador interino. Necesita saber qué ocurrió, quién sabía qué, qué investigó cada autoridad y qué resultados existen. Y si las acusaciones estadounidenses son falsas, que se demuestre con pruebas; si existen responsabilidades, que se determinen ante la ley. Parece que una vez nos quedaremos aguardando algo que no vendrá.
El mayor riesgo no es que el poder se equivoque, es que cada vez es mayor la costumbre de que termine nadie le pida cuentas al país de no pasa nada hasta el siguiente escándalo. Después de 33 horas de regreso, licencia y relevo, queda claro quién ocupa el despacho.
Georgina Bujanda
Licenciada en Derecho por la UACH y Maestra en Políticas Públicas, especialista en seguridad pública con experiencia en cargos legislativos y administrativos clave a nivel estatal y federal. Catedrática universitaria y experta en profesionalización policial.
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