El sistema de justicia mexicano ha sido cuestionado por su ineficacia, parcialidad y, en muchos casos, por operar con un doble rasero. Dos casos paradigmáticos ilustran con claridad este contraste: el de Israel Vallarta, quien pasó 20 años en prisión preventiva sin sentencia, y el de César Duarte, exgobernador de Chihuahua, quien enfrenta 19 procesos penales por corrupción, pero permanece en libertad condicional. Ambos casos reflejan no solo las debilidades estructurales del sistema judicial, sino también la desigualdad en el acceso a la justicia.
Israel Vallarta fue detenido en diciembre de 2005, acusado de secuestro, como presunto líder de una banda “Los Zodiaco”. El operativo fue un montaje mediático orquestado por la entonces Agencia federal de Investigación, encabezada por Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos por narcotráfico.
Israel Vallarta permaneció preso durante dos décadas sin sentencia firme, en uno de los más evidentes ejemplos de uso excesivo de la prisión preventiva oficiosa, figura señalada por diversos organismos como una violación sistemática a los derechos humanos. Finalmente, a punto de cumplir 20 años preso, la juez tercera de Distrito en Materia Penal, Mariana Vieyra Valdez, ordenó su liberación al no haberse acreditado su responsabilidad penal.
En contraste, al exgobernador priista de Chihuahua, César Duarte Jáquez, quien enfrenta 19 carpetas de investigación abiertas, tanto en el fuero común como en el federal, relacionadas con los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y desvío de recursos públicos por más de mil millones de pesos durante su mandato y fue detenido en julio de 2020 en Estados Unidos y extraditado a México en 2022, un juez le concedió la libertad condicional en 2024 bajo el argumento de que su edad y estado de salud ameritaban continuar el proceso en casa.
Recientemente Duarte ha aparecido en notas periodísticas y a través de las redes sociales presumiendo su libertad, departiendo en restaurantes y bailando en bares, en abierta representación de la impunidad obtenida gracias a la manipulación de los tiempos y estructuras del sistema judicial y de las élites políticas en su favor.
La diferencia de trato entre los casos de Vallarta y Duarte no puede explicarse únicamente desde el punto de vista jurídico. Ambos casos evidencian la profunda desigualdad en el acceso a la justicia, donde los factores políticos, mediáticos y de poder económico influyen más que la búsqueda de la verdad o la reparación del daño.
Mientras que Vallarta pasó 20 años encarcelado sin sentencia, sin pruebas sólidas e, incluso, con pruebas manipuladas, Duarte, con múltiples procesos abiertos y abundantes elementos de prueba en su contra, goza de libertad condicional mientras enfrenta la justicia a su ritmo.
Estos casos no son aislados. Son el espejo de un sistema judicial que evidencia la necesidad de una reforma integral, profunda y con enfoque de derechos humanos, que garantice una justicia equitativa para todos, sin importar el apellido, la influencia política o el capital económico. Eso es lo que se espera con los cambios recientes en el poder judicial, producto de la elección, por primera vez en la historia de México, de jueces, magistrados y ministros, tanto a nivel federal como en lo local.
La justicia selectiva es una forma de violencia institucional. Cuando un sistema permite que una persona inocente permanezca décadas encarcelada sin juicio, pero libera a quien saqueó al Estado y traicionó la confianza ciudadana, no se trata solo de errores, se trata de una crisis institucional.
Israel Vallarta y César Duarte son nombres que quedarán inscritos en la historia reciente de México como símbolos opuestos de la justicia: uno, víctima del abuso de poder; el otro, beneficiario de un sistema que aún protege a quienes más lo han dañado.
Pedro Torres
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