De la simulación a la acción. El país, presionado por la realidad y por el mundo, empieza a recuperar el poder perdido.
México despierta tarde, pero despierta.
Tras seis años de complicidad disfrazada de “pacifismo”, el país comienza a enfrentar a los cárteles no gracias a una evolución natural, sino al fin de un régimen de protección criminal que se sostuvo desde la más alta investidura.
En apenas seis meses, Claudia Sheinbaum y su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, han demostrado que combatir al narco no era imposible, ni peligroso, ni inviable, como nos quisieron vender durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Simplemente, no se quiso. Deliberadamente no se quiso.
De octubre de 2024 a abril de 2025, las fuerzas federales han desmantelado 839 narcolaboratorios en 17 estados. Esa cifra es un baldazo de verdad para quienes defendieron durante años la farsa de los “abrazos, no balazos”, que en realidad fue un pacto de no agresión entre el Estado y el crimen organizado.
El éxito reciente no es casual. Es el resultado de una estrategia basada en inteligencia, operativos de precisión y cooperación internacional real, donde destaca la participación del Ejército Mexicano, hoy bajo el mando del General de División Ricardo Trevilla Trejo, un militar que ha rescatado la dignidad de las fuerzas armadas de su triste papel de espectadores.
El tamaño de los golpes asesta una bofetada a la narrativa anterior: más de 18,700 detenidos, más de 144 toneladas de droga asegurada —incluyendo una tonelada y media de fentanilo—, 9,600 armas de fuego y más de un millón de litros de precursores químicos.
Todo esto logrado en apenas medio año. ¿Qué explicación lógica puede darse para justificar los seis años de brazos cruzados de la administración anterior, sino el cinismo y la corrupción?
Ahora bien: si hay 18,700 detenidos, ¿dónde están? ¿En qué condiciones jurídicas? ¿Cuántos siguen en la cárcel? ¿Cuántos ya fueron liberados? México exige que la lucha contra el crimen no termine en cifras espectaculares, sino en sentencias condenatorias, reparaciones del daño y transparencia judicial, porque de nada sirve detener a miles si serán liberados mañana por fiscales y jueces corruptos.
Por si fuera poco, la presión de Estados Unidos ante la crisis del fentanilo dejó a México sin márgenes para seguir simulando. López Obrador había hecho de la sumisión su política exterior en materia de drogas, mientras los cárteles se expandían y el país se desangraba. Hoy, Washington exige resultados, y Sheinbaum, acorralada, prefirió enfrentar al crimen antes que cargar con el estigma de ser la continuadora de un narcoestado.
El contraste es brutal: mientras el expresidente y su séquito hablaban de paz mientras firmaban la entrega del territorio, el actual gobierno al menos ha decidido dar batalla.
Eso sí, Sheinbaum no se ha librado del todo: en su entorno persisten muchos operadores del viejo régimen que la maniatan y la obligan a impulsar aberraciones como la reforma judicial antes de limpiar las podridas fiscalías y los corrompidos ministerios públicos que siguen siendo los principales aliados del crimen.
La guerra apenas empieza. México necesita purgar sus instituciones, castigar la corrupción en serio y no permitir que estos avances sean una llamarada de seis meses. Pero, después de años de entreguismo, al menos hoy hay quien dispare, quien arreste, quien investigue.
Y eso, aunque tarde, es una señal de vida.
Fernando Schütte Elguero
Empresario inmobiliario, maestro, escritor, y activista en seguridad pública. Destacado en desarrollo de infraestructura y literatura.
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