En Ciudad Juárez, la industria maquiladora no es solo un motor económico. Es el pulso cotidiano de miles de familias, el reloj invisible que marca los turnos, los ingresos y, en muchos casos, las posibilidades de estabilidad. Por eso, cuando ese motor se desacelera, no se trata solo de cifras: se trata de vidas que entran en pausa.
La pérdida de empleos en el sector maquilador no es un fenómeno aislado ni reciente. Entre junio de 2023 y enero de 2026, las maquilas IMMEX en la ciudad pasaron de 326,388 a 257,387 trabajadores. Son 69,001 empleos perdidos en apenas 31 meses, de acuerdo con datos del INEGI. La cifra no es menor: equivale a borrar de golpe el sustento de decenas de miles de familias en una ciudad que depende profundamente de esta industria.
El impacto no es abstracto. Casos recientes lo aterrizan con crudeza. La quiebra de First Brands Group en septiembre de 2025 dejó a Juárez sin seis plantas y provocó la pérdida de alrededor de 5,000 empleos directos. El cierre de Subensambles Internacionales, el pasado 25 de marzo de 2026, fue apenas el último eslabón visible de una cadena que lleva tiempo tensándose.
En Juárez, cada recorte de personal tiene un efecto multiplicador. No solo impacta a quien pierde su empleo, sino a toda una red que depende de ese ingreso: familias, pequeños comercios, servicios informales. La economía de la ciudad, tan íntimamente ligada a la maquila, no tiene amortiguadores suficientes para absorber estos golpes sin resentirse.
El problema no es únicamente la pérdida de empleos, sino la fragilidad estructural que esto evidencia. Durante décadas, el modelo maquilador ha sido presentado como una solución de desarrollo. Y lo ha sido, parcialmente. Generó crecimiento, atrajo inversión, posicionó a la frontera como un nodo estratégico. Pero también consolidó una dependencia riesgosa: la de una economía atada a decisiones que se toman fuera.
Cuando el mercado estadounidense se contrae, Juárez tiembla. Cuando las empresas reestructuran, la ciudad ajusta. Y en ese vaivén, los trabajadores quedan expuestos a una incertidumbre constante que pocas veces se reconoce en el discurso oficial.
A esto se suma otra dimensión igual de crítica: la inseguridad social de quienes sostienen esta industria. La precariedad laboral, los esquemas de contratación flexibles, la limitada protección ante despidos y la insuficiencia de redes de apoyo configuran un escenario donde trabajar no siempre garantiza estabilidad. Tener empleo ya no es sinónimo de certeza.
Aquí es donde la discusión deja de ser económica y se vuelve política.
Porque el verdadero problema no es que la maquila enfrente ciclos de ajuste. Eso es parte de cualquier dinámica global. El problema es la ausencia de una estrategia pública que acompañe, proteja y diversifique. Durante años, se ha apostado por atraer inversión sin construir, en paralelo, condiciones que reduzcan la vulnerabilidad de quienes dependen de ella.
Se celebra la llegada de empresas, pero se habla poco de qué ocurre cuando se van… o cuando deciden prescindir de cientos de trabajadores de un día para otro.
La política económica en la frontera parece operar bajo una lógica reactiva: responde cuando la crisis ya está instalada, en lugar de anticiparla. Y en ese desfase, los costos los absorben siempre los mismos.
Mientras tanto, el discurso insiste en cifras macroeconómicas que poco dicen sobre la experiencia concreta de quienes viven al día. Crecimiento, inversión, competitividad. Palabras que suenan bien, pero que se vacían cuando no logran traducirse en condiciones de vida más estables.
La pregunta de fondo es incómoda, pero necesaria: ¿hasta qué punto el modelo maquilador sigue siendo una apuesta sostenible para el bienestar de la ciudad?
Porque no se trata de negar su importancia, sino de cuestionar sus límites. De reconocer que una economía no puede depender casi exclusivamente de factores externos sin asumir riesgos profundos. Y de entender que el desarrollo no debería medirse solo en empleos generados, sino en la calidad y seguridad de esos empleos.
Si algo deja claro el momento actual, es que la frontera no puede seguir funcionando como zona de ajuste de una economía que se decide en otra parte.
Y aquí la responsabilidad no es solo empresarial. Es, sobre todo, pública.
Se necesita una política que deje de ver a la maquila como fin en sí mismo y la entienda como parte de un ecosistema más amplio. Que apueste por la diversificación económica, por la formación de talento local, por condiciones laborales más dignas y por mecanismos reales de protección social.
Porque cuando la maquila se detiene, no solo se apagan líneas de producción. Se detiene la ilusión de estabilidad sobre la que se ha construido la ciudad.
Y entonces la pregunta deja de ser económica y se vuelve profundamente política: ¿cuánto más estamos dispuestos a perder antes de admitir que el modelo ya no alcanza?
Porque las cifras ya están sobre la mesa. 69,001 empleos menos no son un ajuste: son una señal.
Ignorarla no es prudencia.
Es decisión.
Y como toda decisión, también tiene responsables.
Raúl García Ruiz
Autor de los libros "Puentes Azules" "Arquitectura Azul" y “SynDike”
Especialista en resolución de conflictos y mediador en instancias gubernamentales. Relacionista Público tanto con iniciativa privada como con los diversos organismos públicos. Actualmente se desempeña como Recaudador de Rentas del Gobierno de Chihuahua en Ciudad Juárez.
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