La Operación Safiro, descubierta en 2017, evidenció uno de los más grandes escándalos de corrupción en la historia reciente de Chihuahua. Más de se desviaron alrededor de 200millones de pesos fueron desviados del erario, entre otros gobiernos junto con el gobierno de César Duarte para financiar campañas electorales del PRI, mediante una red sofisticada de triangulaciones entre dependencias estatales y empresas fantasma. Este caso, documentado por la Auditoría Superior de la Federación, reveló la profundidad de la impunidad institucionalizada que operaba en el estado.
A pesar del enorme daño que causó a las finanzas públicas y la confianza ciudadana, hoy la justicia parece haber dado marcha atrás. Bajo el gobierno actual de María Eugenia Campos Galván, lejos de avanzar en la rendición de cuentas, se han multiplicado las señales de protección y encubrimiento hacia el exgobernador. Esta impunidad se manifiesta no sólo en la falta de resultados tangibles en los procesos judiciales en su contra, sino también en acciones concretas que revelan una preocupante complicidad institucional.
Un caso emblemático reciente es el operativo realizado por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en uno de los ranchos de Duarte, donde se detectaron represas ilegales que operaban sin las concesiones de ley. Estas obras hídricas clandestinas, utilizadas para acaparar agua en una región que ha sufrido sequías y conflictos por el recurso, no solo representan una violación a la normatividad federal, sino también un agravio a las comunidades rurales que padecen la escasez.
El hallazgo de estas represas sin permisos debería ser un escándalo mayor, un nuevo motivo para profundizar en la investigación de los bienes y operaciones del exmandatario. Sin embargo, la reacción del gobierno estatal ha sido tibia, cuando no abiertamente omisa. En lugar de actuar con firmeza y exigir cuentas, las autoridades han mantenido un silencio que raya en la complicidad.
Los hechos demuestran que el pacto de impunidad sigue vigente. La continuidad de privilegios para Duarte, a través de la falta de acción efectiva del gobierno de Maru Campos, es una traición a la justicia y a la ciudadanía que exigió un cambio.
Hoy más que nunca es urgente que la sociedad civil levante la voz. La lucha contra la corrupción no puede depender del color del partido en el poder, ni puede ser selectiva. El mensaje que se envía con esta tolerancia institucional es devastador.
Leticia Ortega Máynez
Ingeniera apasionada por las matemáticas y la investigación. Con doctorado en Manchester, ha contribuido al procesamiento de imágenes médicas. Además, ha participado activamente en movimientos sociales y políticos, abogando por los más vulnerables. Actualmente es Diputada Local por el Distrito 02 en Ciudad Juárez.
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