A Bernardo Bravo Manríquez lo asesinaron por defender el campo mexicano, lo torturaron y le dispararon en la cabeza. Lo ejecutaron en Michoacán, tierra fértil para el crimen organizado y estéril para la justicia. Lo mataron para apagar su liderazgo, para borrar su activismo. Y lo hicieron con la complicidad del silencio institucional.
Bernardo no era un improvisado, era presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán. Denunció extorsiones, enfrentó a los “coyotes” ligados al narco, exigió protección. No una, sino varias veces. A los tres órdenes de gobierno. ¿Y qué recibió? Escoltas que lo abandonaron. Un Estado que lo dejó solo. Una bala en la cabeza.
La narrativa oficial ya está en marcha: “se está investigando”. La frase que anestesia la indignación, la que se repite como letanía cada vez que asesinan a un líder social, a un periodista, a un defensor del territorio. Pero Bernardo no murió por accidente. Murió porque incomodaba, porque organizaba, porque no se callaba.
Su asesinato es un mensaje un aviso a quienes se atreven a desafiar el orden criminal que impera en Michoacán. Pero también es un espejo de lo que ocurre en todo México, porque no es sólo Michoacán: en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Sonora, Sinaloa… hay agricultores que intentan alzar la voz que denuncian extorsiones, invasiones, despojos que exigen precios justos, seguridad, respeto. Y con esto los callan.
Los callan con amenazas, con desapariciones, con asesinatos, con la indiferencia de las autoridades, con la impunidad que se ha vuelto norma.
¿Este es el México en el que quieren vivir?
Un país donde los productores de limón pagan cuotas al narco para poder cosechar, donde los precios del aguacate y la tortilla suben porque el crimen organizado controla el mercado, donde los líderes comunitarios son ejecutados y los gobiernos siguen culpando a administraciones de hace más de una década.
Bernardo Bravo había cerrado el Tianguis Limonero por seguridad, denunciopúblicamente el control criminal, exigió que se respetara el precio justo para los productores. Su lucha era legítima, urgente, valiente. Y por eso lo mataron.
El crimen fue brutal, la omisión, imperdonable. ¿Dónde estaban sus escoltas? ¿Por qué lo dejaron sin protección en una zona dominada por Los Blancos de Troya? ¿Quién dio la orden? ¿Quién se benefició de su muerte?
La Secretaría de Seguridad dice que investigará pero Bernardo ya está muerto. Y su padre, “Don Berna” Bravo Valencia, también fue asesinado hace años. ¿Cuántos líderes más deben morir para que el Estado actúe?
La respuesta no puede seguir siendo tibia, solo de comunicados, de una simple simulación, lo que ocurrió en Michoacán no es un caso aislado: es parte de una estrategia de exterminio contra quienes defienden la tierra, la producción, la dignidad.
Que todo México y todo el mundo se entere: en Michoacán, se asesina a los líderes limoneros. En todo el país, se silencia a los agricultores que se organizanuse tortura a los que denuncian, se ejecuta a los que exigen justicia y se responde en las mañaneras con un “se está investigando”, así como antes se respondía con un “yo tengo otros datos”. Cambian las frases, pero no la impunidad, los rostros, pero no la omisión, cambia el discurso, pero no la violencia.
Bernardo Bravo merece justicia y memoria. Que su nombre se grabe en cada huerta, en cada tianguis, en cada protesta; merece que su lucha se multipliqueque su voz, aunque silenciada, se convierta en grito colectivo.
Porque lo mataron para callarlo! Hoy, su asesinato nos obliga a mirar de frente el horror que se vive en Michoacán y en todo México a exigir justicia sin matices y romper el pacto de impunidad.
Sobre todo a responder, con toda la fuerza, que no: este no es el México en el que queremos vivir.
Aldonza González Amador
Criminóloga y Empresaria Juarense
Actualmente Presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas en el Estado de Chihuahua (ONMPRI) y Estudiante de Administración de Empresas en la Universidad de la Rioja España.
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