El relevo en el Poder Judicial, concretado tras la elección del pasado primero de junio, marca un parteaguas en la vida institucional del país. Los ministros, magistrados y jueces que concluyen su encargo dejan tras de sí una etapa profundamente cuestionada, especialmente durante la presidencia de Norma Piña en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, periodo caracterizado por la desconfianza ciudadana y las constantes denuncias de prácticas alejadas de la ética y de la justicia que la sociedad espera de sus jueces.
En los últimos años, el Poder Judicial fue señalado por su lejanía frente a las demandas sociales, por la persistencia de privilegios en beneficio de una élite y por fallos que parecían responder más a intereses políticos o económicos que al mandato constitucional. El discurso de autonomía judicial se fue desdibujando frente a decisiones que beneficiaban a grupos de poder, al tiempo que se mantenían intactos salarios y prestaciones desproporcionadas para los altos funcionarios del tribunal.
La gestión de Norma Piña, primera mujer en presidir la Suprema Corte de Justicia de a Nación, pudo haber representado un cambio histórico en favor de la justicia con perspectiva social. Sin embargo, su periodo se distinguió por la confrontación constante con otros poderes y por la incapacidad de conducir una reforma interna que corrigiera los vicios más señalados: corrupción en juzgados, resoluciones contradictorias, favoritismos en la asignación de casos, así como un sistema de carrera judicial cuestionado por su opacidad. La percepción generalizada fue la de un Poder Judicial blindado frente a la crítica, que se asumía como intocable pese al clamor ciudadano por mayor transparencia y rendición de cuentas.
Hoy, tras el voto popular que determinó la elección de nuevos ministros, magistrados y jueces, se abre una expectativa distinta. El mensaje de las urnas fue claro: la sociedad exige un Poder Judicial renovado, más cercano al pueblo y dispuesto a romper con las inercias de corrupción y privilegio. No se trata únicamente de un relevo de nombres, sino de una transformación profunda que deberá traducirse en un ejercicio real de justicia.
De los nuevos integrantes se espera una independencia que no se confunda con aislamiento; una autonomía que se ejerza con responsabilidad social. Su principal reto será recuperar la confianza ciudadana, convenciendo con hechos de que sus resoluciones responden al interés público y no a presiones externas. También se espera que renuncien a los beneficios desmedidos que han marcado a la élite judicial y que promuevan una gestión austera y eficiente, alineada con las exigencias de un país que demanda igualdad ante la ley.
La renovación del Poder Judicial debe significar el inicio de un modelo donde las resoluciones tengan fundamento en la justicia sustantiva y no en tecnicismos que favorecen a unos cuantos. Asimismo, se espera que los nuevos jueces y magistrados atiendan con celeridad los procesos, evitando que la lentitud siga siendo sinónimo de impunidad. La modernización administrativa y el combate frontal a la corrupción deberán ser compromisos inmediatos, acompañados de mecanismos de evaluación y supervisión que garanticen imparcialidad.
El pueblo espera un Poder Judicial que acompañe los cambios democráticos del país, no que los obstaculice. La legitimidad de los nuevos integrantes dependerá de su capacidad para demostrar, en cada sentencia, que su compromiso es con la justicia y con los ciudadanos. El adiós a la vieja estructura judicial es también el cierre de un capítulo marcado por la desconfianza; lo que sigue será, sin duda, una de las pruebas más decisivas para consolidar la transformación del Estado mexicano. Bienvenida la nueva era de Justicia.
Pedro Torres
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