Especialistas vinculan el caso con la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa y el control de recursos estratégicos.
Culiacán, Sin. (ADN/Arturo Hernández) – La desaparición de 14 trabajadores del sector minero en el municipio de Concordia, ocurrida el pasado 23 de enero, mantiene bajo tensión al sur de Sinaloa, mientras autoridades federales y estatales continúan un amplio operativo de búsqueda sin resultados positivos.
De acuerdo con información oficial, un grupo armado irrumpió esa mañana en un campamento de la empresa canadiense Vizsla Silver y, de manera paralela, interceptó a otro grupo de empleados en una parada de transporte sobre la carretera Villa Unión–Durango, privando de la libertad a 10 trabajadores de la minera, personal de seguridad privada y cuatro empleados de la empresa CICAR S.A. de C.V.
El caso cobró relevancia nacional tras ser confirmado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien señaló que en la zona opera una célula de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa, actualmente en disputa con el grupo de Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”.
“En esta área opera una célula de Los Chapitos, tenemos identificado a uno de los líderes que opera en la zona y también estamos en su búsqueda”, informó García Harfuch.
Especialistas en seguridad y familiares de las víctimas manejan tres hipótesis principales, todas relacionadas con el control territorial y económico de la región: la guerra interna del Cártel de Sinaloa, el cobro de piso a empresas mineras y la disputa por minas ilegales o nuevos yacimientos.
El analista David Saucedo explicó que empresas mineras extranjeras suelen operar en regiones controladas por el crimen organizado bajo esquemas de pago de extorsión, conocidos como derecho de piso, o incluso mediante acuerdos con grupos criminales para contener conflictos sociales y ambientales.
“Para poder realizar su actividad de extracción, lo que hacen es pagar la cuota”, señaló el especialista al referirse a estas prácticas.
Una de las líneas de análisis apunta a que el secuestro podría ser una represalia vinculada a pagos pendientes o a la ruptura de acuerdos con una facción criminal, como parte de una estrategia para cortar fuentes de financiamiento del grupo rival. Otra hipótesis sostiene que los grupos delictivos buscan frenar la exploración minera formal para mantener el control de explotaciones ilegales en la sierra de Concordia.
Un elemento que ha llamado la atención es el perfil de los trabajadores secuestrados, entre los que se encuentran ingenieros, geólogos, responsables de seguridad, medio ambiente y relaciones comunitarias, es decir, personal clave para iniciar la fase de exploración de una mina, pese a que en el sitio aún no había extracción de mineral.
La región de Concordia y comunidades cercanas como Escuinapa se consideran zonas de alto riesgo, marcadas por enfrentamientos armados, desplazamientos forzados y homicidios, en medio de la disputa entre La Mayiza y Los Chapitos, estos últimos bajo el control de Óscar Luciano Martínez Larios, alias “El Casco”, según reportes de seguridad.
A más de dos semanas de los hechos, más de mil 190 elementos del Ejército, Fuerzas Especiales, Guardia Nacional, Marina y corporaciones ministeriales permanecen desplegados, con apoyo de helicópteros artillados y aeronaves de reconocimiento, en comunidades como El Verde, El Magistral y Santa Lucía, donde incluso se reportan poblados casi abandonados.
Pese al operativo, las familias de los 14 trabajadores continúan sin información sobre su paradero, y han expresado su preocupación por la falta de avances concretos en uno de los casos de desaparición más graves registrados recientemente en el sector minero del país.
Galería
¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo electrónico.
¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?
No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted.
Síguenos en nuestras redes sociales.
