Legisladores oficialistas analizan cambios al sistema electoral que podrían aprobarse con mayoría simple en el Congreso.
Ciudad de México (ADN/Arturo Hernández) – Coordinadores parlamentarios de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) sostuvieron una reunión en Palacio Nacional para analizar posibles modificaciones al sistema electoral a través de leyes secundarias, como parte del denominado Plan B electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
El encuentro se realizó la noche del miércoles y se extendió hasta la madrugada del jueves. En él participaron líderes legislativos de ambas cámaras del Congreso de la Unión, quienes revisaron alternativas para avanzar en ajustes al marco electoral después de que la reforma constitucional propuesta por el Ejecutivo no alcanzara la mayoría calificada necesaria para su aprobación.
Entre los temas discutidos se encuentra la posibilidad de adelantar la revocación de mandato para junio de 2024, con el objetivo de que coincida con las elecciones intermedias. Asimismo, se analiza posponer la elección de jueces mediante voto ciudadano para 2028, en lugar de 2027 como estaba previsto en el proyecto original.
Los legisladores también consideran modificaciones en la integración de los ayuntamientos y congresos estatales, lo que incluiría reducir el número de regidurías en los municipios y ajustar el tamaño de los poderes legislativos locales.
Las reformas a leyes secundarias requieren únicamente mayoría simple —es decir, más de la mitad de los votos—, a diferencia de las reformas constitucionales que demandan mayoría calificada. Bajo este esquema, la coalición oficialista podría avanzar en cambios legislativos con el respaldo de sus bancadas en el Congreso.
Sin embargo, algunas de las propuestas centrales de la reforma electoral original no podrían implementarse mediante este mecanismo, entre ellas la eliminación de las 32 senadurías de representación proporcional, cambios al esquema de financiamiento público de los partidos políticos y modificaciones a los tiempos de radio y televisión destinados a propaganda electoral.
Entre los planteamientos revisados por las bancadas oficialistas se encuentra la reducción del financiamiento público para actividades ordinarias de los partidos, al modificar la fórmula de cálculo de recursos basada en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que implicaría una disminución aproximada del 25 por ciento en los recursos destinados a los institutos políticos.
Otra propuesta contempla cambios en el sistema de asignación de diputaciones plurinominales, manteniendo el número total de 500 diputados federales, pero modificando la forma de distribución. La mitad de estas posiciones se asignaría a candidatos que no ganaron su distrito pero obtuvieron alta votación, mientras que el resto se integraría mediante listas regionales.
El proyecto también incluye medidas para regular la propaganda electoral generada con inteligencia artificial, obligando a identificar contenidos manipulados o generados digitalmente, así como nuevas reglas de fiscalización financiera que obligarían a partidos y candidatos a reportar operaciones económicas de manera constante, incluyendo transacciones con criptomonedas.
Asimismo, se plantean restricciones más estrictas al financiamiento extranjero en campañas electorales, el fortalecimiento de mecanismos de democracia directa como consultas populares, plebiscitos y referéndum, y la posibilidad de utilizar tecnologías digitales para ampliar la participación ciudadana, incluso mediante sistemas de voto electrónico en consultas públicas.
Dentro del proyecto también se propone establecer un límite salarial para consejeros electorales, magistrados y funcionarios del sistema electoral, de manera que sus percepciones no superen el salario de la persona titular de la Presidencia de la República, en concordancia con la política de austeridad del actual gobierno.
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