Morena y PVEM avalan reforma constitucional que limita gastos y regula revocación de mandato.
Ciudad de México (ADN/Staff) – Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado aprobaron, la tarde del martes 24 de marzo, el dictamen del llamado Plan B electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, en una votación marcada por la ausencia del Partido del Trabajo (PT).
El proyecto fue avalado con 24 votos a favor de Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), frente a 11 votos en contra de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, y fue turnado al pleno para su discusión.
El dictamen plantea modificaciones a los artículos 35, 115, 116 y 134 de la Constitución, con el objetivo de reducir privilegios en el aparato electoral y fortalecer mecanismos de participación como la revocación de mandato.
Entre los puntos centrales, se mantiene la propuesta de que la revocación de mandato se realice el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno, sin cambios respecto a la iniciativa original del Ejecutivo federal.
Asimismo, se establece que no podrá difundirse propaganda gubernamental durante los 60 días previos a este ejercicio, y se limita el uso de recursos públicos para promover este mecanismo.
En materia municipal, la reforma contempla ajustes en la integración de los ayuntamientos, mientras que a nivel estatal se fija que los congresos locales no podrán exceder el 0.7% del presupuesto estatal, como parte de una política de contención del gasto público.
Otro de los ejes relevantes es que funcionarios electorales no podrán percibir salarios superiores a los establecidos en el artículo 127 constitucional, además de restringir prestaciones adicionales como seguros privados o esquemas especiales de retiro.
La ausencia del PT en la votación evidenció diferencias dentro del bloque oficialista, particularmente por el desacuerdo sobre la posibilidad de empatar la revocación de mandato con las elecciones intermedias de 2027.
El avance del dictamen abre paso a una discusión clave en el pleno del Senado, donde, al tratarse de una reforma constitucional, se requerirá mayoría calificada, lo que obliga a Morena y sus aliados a construir consensos adicionales para su eventual aprobación.
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