Legisladora rarámuri planteó instancia especializada, pero mayoría votó en contra de su reserva.
Ciudad de Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Congreso del Estado rechazó la propuesta para crear una Sala de Justicia Indígena dentro del Tribunal Superior de Justicia, planteada por la diputada Edith Palma Ontiveros durante la discusión de reformas en materia de derechos de los pueblos originarios.
La legisladora, integrante del grupo parlamentario de Morena y perteneciente al pueblo rarámuri, presentó una reserva al dictamen con el objetivo de incorporar un órgano especializado que atendiera asuntos indígenas bajo un enfoque intercultural.
“Garantizar un acceso pleno, digno y culturalmente pertinente a la justicia para las comunidades indígenas”.
La propuesta buscaba que los casos relacionados con sistemas normativos indígenas fueran atendidos por una instancia con conocimiento en cosmovisión, lengua y prácticas comunitarias, en contraste con el dictamen aprobado, que permite a tribunales ordinarios validar resoluciones de autoridades tradicionales.
De acuerdo con el planteamiento, la creación de esta sala respondía tanto a criterios jurídicos como a demandas expresadas por comunidades indígenas durante procesos de consulta previa realizados en 2025, donde se manifestó respaldo a la especialización judicial en la materia.
La reserva también retomaba antecedentes legales, como un amparo que ordena generar mecanismos efectivos de protección a los derechos indígenas, así como iniciativas previas que contemplaban órganos especializados dentro del Poder Judicial.
La diputada sostuvo que avanzar en la reforma sin incorporar esta figura implicaría limitar el acceso efectivo a la justicia para los pueblos originarios, al no considerar plenamente sus contextos culturales y normativos.
“La diferencia entre una justicia ordinaria y una especializada radica en la comprensión de la cosmovisión y los sistemas normativos”.
Pese a ello, la mayoría legislativa integrada por PAN, PRI, MC, PVEM y PT votó en contra de la reserva, manteniendo el esquema aprobado en el dictamen general.
El debate se dio en el marco de una reforma que reconoce los sistemas normativos indígenas, pero que, sin la inclusión de una sala especializada, mantiene la validación de sus resoluciones dentro del sistema judicial tradicional.
La discusión evidenció posturas encontradas sobre el alcance de la reforma y el modelo de justicia intercultural en el estado, en un contexto donde persiste la exigencia de comunidades indígenas por mecanismos más adecuados a su realidad social y jurídica.
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