Arturo Medina apoya la creación de una Fiscalía Especializada en Tortura en Chihuahua, destacando la necesidad de erradicar esta práctica del sistema de justicia.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Arturo Medina, Coordinador de los Diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso del Estado de Chihuahua y miembro de la Comisión de Seguridad, mostró su respaldo a una iniciativa presentada por la Gobernadora Maru Campos.
La propuesta busca establecer una Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Este esfuerzo se presenta en un contexto histórico y político crítico para el estado, donde las violaciones a los derechos humanos han sido un tema recurrente en los últimos años.
Medina enfatizó la necesidad de erradicar la tortura como un elemento presente en el sistema de justicia, abarcando desde la procuración hasta la ejecución de penas.
Su argumento no solo se basa en la defensa de los derechos humanos, sino también en la argumentación de que la desconfianza hacia las instituciones judiciales se ve agravada por la existencia de prácticas como la tortura.
Este tipo de acciones, históricamente arraigadas en diversas instituciones de seguridad y justicia en México, han dejado una huella profunda en la percepción pública respecto a la eficacia y la moralidad de dichos órganos.
La propuesta de la Gobernadora, que cuenta con el respaldo de la Comisión de Seguridad Pública, presidida por la Diputada Nancy Janeth Frías, se presenta como un intento significativo de depurar el sistema judicial de estas prácticas nefastas.
Esto resuena con una creciente demanda social por una justicia más transparente y respetuosa con los derechos de los ciudadanos.
La creación de una Fiscalía Especializada podría no solo brindar herramientas adecuadas para investigar y sancionar estos delitos, sino también enviar un mensaje claro sobre la postura de la administración estatal respecto a la protección de los derechos humanos.
Sin embargo, es fundamental realizar un análisis profundo sobre la implementación de dicha Fiscalía y su efectividad real en el contexto chihuahuense.
A lo largo de los años, diversas administraciones han prometido la erradicación de prácticas violatorias de derechos humanos, pero muchas veces dichas intenciones se han quedado en simples declaraciones retóricas.
La verdadera prueba radica en que esta nueva instancia no solo sea un ente de papel, sino que cuente con los recursos, la capacitación y el apoyo necesario para llevar a cabo su labor sin interferencias.
La referencia de Medina a la utilización de la tortura como herramienta para obtener confesiones, fincar cargos o satisfacer venganzas políticas también refleja una realidad de larga data en el sistema judicial mexicano.
Las narrativas sobre casos de abuso han permeado el tejido social del país, generando un clima de desconfianza hacia las instituciones encargadas de salvaguardar la justicia.
La propuesta de una Fiscalía Especializada debe ser vista, por tanto, no solo como un mecanismo legal, sino como parte de un movimiento más amplio hacia la reconstrucción de la confianza ciudadana en el sistema.
Es igualmente relevante considerar el papel de los diversos actores políticos y sociales que se involucren en este proceso.
La invitación de Medina a que todas las fuerzas políticas permitan que esta propuesta avance con armonía sugiere que el éxito de la iniciativa dependerá de un trabajo colaborativo y de un enfoque integral hacia la justicia.
En este sentido, la respuesta de la sociedad civil y su vigilancia sobre la implementación y el funcionamiento de la nueva Fiscalía serán cruciales para asegurar que se cumpla con el objetivo de erradicar la tortura y cualquier forma de maltrato en el sistema judicial chihuahuense.
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