Francisco Sánchez afirma que el costo del combustible se traslada a las familias por decisiones del gobierno federal.
Ciudad de México (ADN/Staff) – El diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, acusó que el alto precio de la gasolina en México es consecuencia directa de una política energética y exterior del gobierno federal que, afirmó, termina por subvencionar a regímenes extranjeros a costa del bolsillo de los ciudadanos.
El legislador sostuvo que, bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han incrementado los envíos de petróleo a Cuba, lo que calificó como una práctica opaca y sin justificación económica, cuyo impacto —dijo— se refleja en los precios que pagan diariamente los consumidores en estaciones de servicio.
“Los mexicanos estamos pagando la gasolina más cara del mundo porque el régimen de Morena nos ensarta la de la dictadura cubana”.
Sánchez Villegas señaló que el costo fiscal y operativo de estas decisiones no se absorbe por el Estado, sino que se traslada directamente a las familias mexicanas, a través de impuestos, sobreprecios y cargas asociadas al combustible, como el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
“Mientras aquí se exprime a los mexicanos con impuestos, IEPS y sobreprecios, el régimen decide regalar nuestro petróleo a una dictadura. Ese costo no desaparece: se traslada directamente al bolsillo de las familias mexicanas”.
El diputado advirtió que el precio de la gasolina tiene un impacto transversal en la economía, al encarecer el transporte de mercancías, elevar los costos de los alimentos y reducir el ingreso real de millones de hogares, especialmente en regiones con alta dependencia del transporte terrestre.
En ese contexto, sostuvo que la política energética actual responde a criterios ideológicos y no a una estrategia orientada al desarrollo económico nacional, al considerar que no genera beneficios tangibles para México ni fortalece la soberanía energética.
Finalmente, recordó que presentó una iniciativa de reforma constitucional para prohibir el uso de recursos estratégicos del país como apoyo a gobiernos extranjeros, con el objetivo de frenar de manera inmediata los envíos de petróleo y evitar que decisiones de política exterior sigan impactando en el costo de vida de la población.
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