La presidenta señaló que existen observaciones de la Auditoría Superior de la Federación sobre contrataciones realizadas entre 2014 y 2023. Pidió revisar posibles irregularidades y transparentar las adquisiciones rumbo a las elecciones de 2027.
Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum pidió investigar las contrataciones realizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) durante administraciones anteriores, al señalar que existen observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y acusar la concentración de contratos en un grupo de empresas proveedoras de materiales y servicios electorales.
Durante su conferencia matutina de este viernes 13 de noviembre, la mandataria sostuvo que las irregularidades denunciadas en las adquisiciones del organismo no comenzaron durante la actual administración, encabezada por Guadalupe Taddei, sino que se remontan a varios años atrás.
“Particularmente el tema del monopolio de las empresas vinculadas con las elecciones viene de hace mucho y ninguna de las administraciones hicieron nada”, afirmó.
Sheinbaum aseguró que su gobierno solicitó la intervención de la ASF para revisar las contrataciones y consideró que, de ser necesario, también deberá participar la Fiscalía General de la República (FGR).
El tema surgió a partir de una pregunta del periodista Máximo Allende, de Subjetivo MX, quien expuso presuntas irregularidades en contratos celebrados durante la presidencia de Lorenzo Córdova Vianello al frente del INE.
El reportero señaló que en 2023 se autorizaron 11 millones 614 mil pesos para la elaboración de un informe de gestión y rendición de cuentas, pese a que, según su exposición, el Órgano Interno de Control había cuestionado la pertinencia del gasto.
También mencionó el caso de Fluxus, empresa que habría recibido contratos para producir materiales multimedia y periodísticos destinados al organismo electoral.
De acuerdo con los señalamientos presentados durante la conferencia, uno de los contratos, correspondiente a 2022 y por aproximadamente 44 millones de pesos, habría registrado incumplimientos o entregas incompletas de los materiales contratados.
Estas afirmaciones fueron formuladas por el periodista y no estuvieron acompañadas durante la conferencia de la exhibición de contratos, dictámenes o resoluciones que permitieran verificar su alcance.
Sheinbaum respondió que existen observaciones de los órganos fiscalizadores sobre contrataciones realizadas en distintos periodos y sostuvo que deben investigarse las relaciones entre funcionarios y proveedores.
La presidenta afirmó que durante años se consolidó un grupo de empresas que concentró servicios relacionados con la organización de elecciones, incluidas actividades de producción de materiales.
Según su versión, algunos proveedores funcionaban como intermediarios y no necesariamente elaboraban directamente los productos que vendían a las autoridades electorales.
Sheinbaum utilizó el término “mafia electoral” para referirse a ese presunto entramado de empresas y relaciones con funcionarios de administraciones anteriores.
También aseguró que algunas personas que trabajaron en el organismo electoral terminaron vinculadas a compañías contratistas, aunque no proporcionó durante su intervención los nombres ni la documentación correspondiente para acreditar esos casos.
La mandataria consideró que los nuevos lineamientos de contratación implementados por el INE deben fortalecerse para ampliar la participación de proveedores y evitar que se repitan esquemas de concentración.
Durante su respuesta, Sheinbaum también criticó las cantidades que recibieron algunos exintegrantes del INE al concluir sus funciones.
La presidenta mencionó liquidaciones de entre 11 y 13 millones de pesos y señaló particularmente el caso de Lorenzo Córdova, de quien dijo que habría recibido aproximadamente 11 millones de pesos.
“Puede ser legal, pero también es inmoral”, expresó al cuestionar esas prestaciones.
Las cantidades mencionadas corresponden a afirmaciones de la mandataria y requieren contrastarse con los registros administrativos del organismo para establecer los conceptos efectivamente pagados y su fundamento legal.
Sheinbaum sostuvo que la revisión de contratos anteriores debe acompañarse de cambios en los procedimientos de adquisición para los próximos procesos electorales.
Consideró que una mayor competencia entre proveedores podría reducir los costos de organización de los comicios de 2027.
La presidenta planteó que las investigaciones deben abarcar las observaciones de la ASF y, cuando existan elementos suficientes, las posibles responsabilidades penales.
“Que se haga la investigación de la auditoría, si es necesario de la Fiscalía General de la República”, expresó.
También pidió que los actuales consejeros electorales revisen los procedimientos de contratación y garanticen su transparencia.
Hasta el momento, las declaraciones realizadas durante la conferencia no constituyen por sí mismas una determinación de responsabilidad administrativa o penal contra los exfuncionarios y empresas mencionados.
Las observaciones de auditoría deberán distinguirse de las irregularidades que hayan sido acreditadas mediante resoluciones firmes, así como de aquellas que continúen en proceso de aclaración.
La revisión adquiere relevancia ante la preparación de las elecciones de 2027, en las que el INE deberá contratar bienes y servicios para la organización de los comicios federales.
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