Hay algo profundamente paradójico en el futuro que estamos construyendo: nunca habíamos tenido tantas herramientas para mover dinero, realizar transacciones y administrar nuestros recursos a distancia, pero tampoco habíamos dependido tanto de sistemas tecnológicos que pueden fallar, ser vulnerados o quedar fuera de nuestro control. Nos han convencido de que el dinero digital representa el siguiente paso de la evolución económica. Sin embargo, los acontecimientos recientes obligan a preguntarnos si estamos construyendo un sistema financiero más seguro o simplemente estamos trasladando los riesgos de siempre a un territorio que todavía no terminamos de comprender.
El pasado 29 de octubre, Binance, uno de los mayores intercambios de criptomonedas del mundo, sufrió un ataque informático que provocó la sustracción de aproximadamente 6,400 millones de dólares en activos digitales, de acuerdo con el análisis de Chainalysis. Dos días después, el FBI atribuyó oficialmente la operación a Corea del Norte y la identificó como parte de la actividad cibernética del grupo TraderTraitor. No estamos hablando de una cantidad menor ni de un incidente aislado: estamos ante uno de los mayores robos financieros registrados y una demostración de que ni siquiera las plataformas más importantes del ecosistema de las criptomonedas están exentas de vulnerabilidades.
Pero el problema no termina en las criptomonedas. En Paraguay, el banco digital Ueno fue colocado en un procedimiento de resolución por el Banco Central, después de detectarse que su índice de solvencia había caído por debajo del mínimo requerido. Cerca de tres millones de clientes quedaron temporalmente sin acceso a sus cuentas y ahorros. La crisis adquirió dimensiones políticas cuando el presidente Santiago Peña intentó renunciar, fue sometido a juicio político y destituido. Posteriormente, las autoridades lo detuvieron y formularon cargos en su contra, los cuales él niega. El episodio demuestra que la confianza depositada en una aplicación bancaria no elimina los problemas de solvencia, supervisión y responsabilidad institucional. Un teléfono puede convertirse en nuestra sucursal bancaria, pero no por ello garantiza que el dinero esté a salvo.
Mientras estos acontecimientos ocurren, México avanza en una dirección que merece especial atención. El 4 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, cuyo propósito es promover la adopción de medios de pago digitales y electrónicos. La modernización de las transacciones puede representar ventajas importantes: agilizar operaciones, facilitar el comercio y ampliar el acceso a servicios financieros. Sin embargo, también plantea preguntas que no deberían quedar fuera de la discusión pública. ¿Qué sucederá con quienes no tienen acceso a internet, dispositivos o servicios bancarios? ¿Qué garantías tendrá una persona cuando una falla tecnológica le impida disponer de su dinero? ¿Quién responderá cuando una vulneración informática comprometa sus ahorros?
A este escenario debemos agregar un factor que puede modificar radicalmente las dimensiones del problema: la inteligencia artificial. Ya no podemos imaginar la ciberseguridad como una batalla exclusiva entre especialistas que desarrollan sistemas de protección y hackers que intentan encontrar sus fallas. Los nuevos modelos de IA están demostrando capacidades extraordinarias para identificar vulnerabilidades informáticas. Anthropic informó que su modelo Claude Mythos Preview encontró miles de fallas de alta gravedad en sistemas operativos y navegadores, algunas de ellas ocultas durante décadas. La propia empresa reconoció que estas capacidades podrían superar a todos, excepto a los especialistas humanos más experimentados, en determinadas tareas de detección y explotación de vulnerabilidades.
La pregunta es inevitable: si estas herramientas pueden utilizarse para fortalecer la seguridad, ¿qué ocurrirá cuando organizaciones criminales o actores estatales las empleen para perfeccionar sus ataques? La inteligencia artificial puede reducir el tiempo, el costo y los conocimientos técnicos necesarios para desarrollar operaciones informáticas sofisticadas. No significa que cualquier persona pueda derribar un banco con una instrucción, ni que estos modelos hayan sido responsables del ataque a Binance o de la crisis de Ueno. Significa que la capacidad ofensiva está evolucionando y que las instituciones financieras tendrán que enfrentar amenazas cada vez más complejas y automatizadas.
El verdadero problema, entonces, no es que desaparezca el dinero físico ni que las sociedades adopten nuevas tecnologías. La cuestión es quién controla las infraestructuras, quién garantiza su funcionamiento y quién protege a los ciudadanos cuando algo sale mal. La digitalización no puede convertirse en una promesa de modernidad que traslade todos los riesgos al usuario mientras las instituciones se reservan el control de los sistemas.
Quizá estamos tan fascinados con la velocidad de las transacciones que hemos olvidado una condición elemental del dinero: su valor no depende solamente de poder transferirlo, sino de tener la certeza de que podremos disponer de él cuando lo necesitemos. Podemos sustituir los billetes por aplicaciones, las sucursales por plataformas y los intermediarios por algoritmos, pero ninguna innovación tecnológica elimina la necesidad de confianza. El futuro del dinero no debería medirse por cuántas operaciones podemos realizar en un segundo, sino por las garantías que tendremos cuando ese sistema deje de funcionar. Porque perder un billete es una cosa; despertar un día y descubrir que nuestro patrimonio depende de una infraestructura que ya no responde es un problema de otra dimensión.
Elias Ascencio
Diseñador gráfico, fotógrafo y docente con más de 30 años de trayectoria artística y educativa. Maestro en Administración Pública y doctorante en Semiótica, ha trabajado en Metro CDMX y marcas nacionales. Líder filantrópico y promotor cultural en México.
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