Hay decisiones que nacen del miedo, se justifican por la necesidad y terminan convirtiéndose en costumbres difíciles de cuestionar. En Ciudad Juárez, las rejas que cerraron calles y fraccionamientos durante los años más violentos son un ejemplo de ello. Lo que comenzó como una respuesta ciudadana ante la inseguridad hoy vuelve a la mesa del Ayuntamiento, donde se discute si deben conservarse o retirarse.
La pregunta no es menor: ¿hasta dónde puede una comunidad restringir el espacio compartido para construir su propia sensación de seguridad?
Nadie puede reprochar a las familias que, en medio de la violencia que golpeó a esta frontera, buscaran protegerse. Entre 2007 y 2011, el temor modificó hábitos, rutinas y formas de habitar la ciudad. Las rejas representaron entonces una respuesta inmediata ante una realidad que exigía protección. Sin embargo, que una medida haya tenido sentido en determinadas circunstancias no significa que deba perpetuarse sin revisar sus consecuencias.
El primer problema es la movilidad. Calles que fueron concebidas para el tránsito público quedaron bloqueadas, obligando a peatones y automovilistas a modificar recorridos, rodear manzanas y enfrentar congestionamientos. En sectores como San Ángel, los cierres sucesivos han complicado el acceso a domicilios y alterado la circulación. La suma de decisiones particulares termina afectando al conjunto de la ciudad.
Más delicado aún es lo que ocurre cuando una barrera dificulta el ingreso de patrullas, bomberos, ambulancias o personal de Protección Civil. La seguridad no puede medirse únicamente por quién entra a una calle, sino también por la rapidez con que una autoridad o un equipo médico puede llegar cuando la vida de una persona está en riesgo. Ninguna caseta, pluma o reja debería convertirse en un obstáculo para una emergencia.
A ello se agrega el costo de mantener estos sistemas. Las cuotas vecinales para vigilancia, mantenimiento y operación de accesos representan un gasto permanente que no todas las familias pueden asumir con la misma facilidad. Cuando las aportaciones se vuelven motivo de presión, surgen disputas por la morosidad, las decisiones de las mesas directivas y las obligaciones de cada residente. Lo que debía contribuir a la tranquilidad termina generando enfrentamientos entre quienes comparten una misma calle.
También están las restricciones para recibir visitas, contratar servicios o permitir el acceso de trabajadores. En algunos casos, los residentes deben someterse a controles que complican su vida cotidiana; en otros, las diferencias sobre quién puede entrar y bajo qué condiciones se convierten en fuente de conflictos. Una vivienda debe ofrecer tranquilidad, no transformar cada llegada en una negociación vecinal.
Quienes defienden las rejas argumentan que retirarlas puede reducir la percepción de seguridad y afectar la plusvalía de sus propiedades. Es una preocupación legítima que debe escucharse. Pero el valor de una vivienda no depende exclusivamente de tener una calle cerrada: también importa la accesibilidad, la calidad del entorno, los servicios públicos y la convivencia. Además, una barrera física no sustituye una política de seguridad eficaz.
El Ayuntamiento tiene ante sí la oportunidad de actualizar reglas que llevan casi dos décadas sin responder plenamente a las condiciones actuales. El análisis debe distinguir entre desarrollos diseñados legalmente con acceso controlado y calles públicas cerradas posteriormente, pues no todas las situaciones son iguales. También debe garantizar que las decisiones se tomen con sustento jurídico, participación ciudadana y criterios claros, sin imponer soluciones indiscriminadas.
Pero consultar a los vecinos no significa conceder a una mayoría el derecho de ignorar las normas ni los derechos de terceros. La participación debe servir para encontrar soluciones compatibles con el interés colectivo, no para perpetuar restricciones por simple costumbre.
Las rejas pueden seguir en pie mientras se discuten sus ventajas, pero la ciudad no puede quedar atrapada detrás de ellas. Si las condiciones que justificaron tantos cierres han cambiado, corresponde evaluar cuáles siguen siendo necesarios y cuáles se han convertido en obstáculos para la movilidad, la convivencia y el acceso a servicios esenciales.
La seguridad es un derecho; el libre tránsito también. El desafío no consiste en enfrentar uno contra otro, sino en construir una ciudad donde protegerse no signifique cerrarles el paso a los demás.
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