En Ciudad Juárez, la lluvia no solamente pone a prueba nuestras calles; también exhibe las decisiones, las omisiones y las prioridades de quienes tienen la responsabilidad de gobernar. Basta con que el cielo descargue durante unas horas para que aparezcan vialidades inundadas, automovilistas varados, viviendas en riesgo y familias que temen perder lo poco o mucho que han construido con años de esfuerzo.
Pero hay una pregunta que debemos hacernos como ciudadanos: ¿por qué seguimos enfrentando consecuencias que deberían prevenirse con planeación, infraestructura y mantenimiento?
La lluvia es un fenómeno natural. Que una ciudad no esté preparada para recibirla es un asunto de responsabilidad pública.
El gobierno municipal tiene obligaciones que van más allá de reaccionar ante una emergencia. Debe identificar zonas de riesgo, mantener los sistemas de drenaje pluvial, supervisar la infraestructura, atender los puntos críticos y establecer estrategias de protección civil. No se trata de favores ni de actos de buena voluntad: son responsabilidades inherentes a la administración pública.
Y para cumplirlas existen presupuestos que se integran, en buena medida, con los impuestos y las contribuciones de la ciudadanía. Cada peso que aportamos representa una expectativa legítima: contar con servicios públicos funcionales, calles seguras e infraestructura que responda a las necesidades de una ciudad que no puede seguir creciendo sin planeación.
Por eso resulta cuestionable que, después de cada lluvia, la conversación pública se concentre en las brigadas de emergencia, los recorridos de supervisión y las fotografías de funcionarios atendiendo los estragos. Desde luego, auxiliar a quienes enfrentan una contingencia es necesario y merece reconocimiento. El problema comienza cuando la atención de la emergencia pretende sustituir la explicación sobre lo que debió hacerse antes.
No confundamos la reacción con la prevención, ni la presencia ante una crisis con la solución de un problema estructural.
Cuando una vialidad se inunda reiteradamente, la ciudadanía tiene derecho a preguntar qué obras se realizaron, cuánto costaron, qué mantenimiento recibieron y por qué el problema persiste. Si existen proyectos pendientes, deben explicarse; si hubo fallas de ejecución, deben investigarse; y si los recursos fueron insuficientes, corresponde transparentarlo.
Lo que no puede normalizarse es que cada temporada de lluvias convierta las mismas deficiencias en una nueva emergencia y que, después, se presente la atención de sus consecuencias como si se tratara de una solución extraordinaria.
Los ciudadanos no necesitamos salvadores que aparezcan cuando el agua ya nos llega a las puertas. Necesitamos gobiernos que trabajen cuando todavía hay tiempo para evitar que eso ocurra.
Gobernar implica anticiparse, invertir con inteligencia, rendir cuentas y reconocer que la infraestructura pública no se construye para una fotografía, sino para proteger vidas y patrimonio.
La pregunta no es quién llegó primero a repartir ayuda después de la tormenta. La pregunta es quién asumió la responsabilidad de evitar que el mismo problema volviera a ocurrir.
Porque cuando llueve, el agua termina por bajar. Pero las consecuencias económicas, los daños materiales y la desconfianza ciudadana permanecen.
Y una ciudad no puede vivir eternamente entre inundaciones, promesas y explicaciones.
Los impuestos se pagan todo el año. La prevención también debería trabajarse todo el año.
Mayra Machuca
Abogada, Activista, Columnista, Podcaster.
Especializada en análisis y asesoría jurídica, cuenta con experiencia administrativa y jurídica con habilidades destacadas en la resolución de problemas y coordinación de tareas. Experta toma de decisiones estratégicas. Activa en Toastmasters y Renace y Vive Mujer.
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