La iniciativa anunciada por Omar García Harfuch para construir seis centros penitenciarios en Chiapas, Estado de México, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Veracruz, con capacidad proyectada para 18 mil 480 personas, merece una felicitación. La decisión de La Presidente Claudia Sheinbaum reconoce una necesidad urgente: ampliar la capacidad del sistema y mejorar sus condiciones. Precisamente por su importancia, conviene anticipar riesgos y proponer un modelo que permita aprovechar esta oportunidad.
Construir más espacios puede aliviar la sobrepoblación, pero necesitamos definir quiénes los ocuparán, cómo serán clasificados y qué condiciones permitirán su reinserción social. Una cárcel debe proteger a la sociedad, garantizar el cumplimiento de las resoluciones judiciales y reducir las posibilidades de que alguien vuelva a delinquir.
No podemos seguir poniendo toda la harina en el mismo costal. Mezclar indiscriminadamente a personas que delinquen por primera vez con quienes mantienen una trayectoria criminal persistente puede facilitar el reclutamiento, la extorsión y el aprendizaje delictivo. Quien ingresa sin vínculos criminales puede adquirirlos para sobrevivir al encierro. Así se forman las escuelas del crimen.
Propongo centros o módulos efectivamente separados para personas que delinquen por primera vez, reincidentes y quienes presentan una trayectoria delictiva recurrente. La diferenciación debe sustentarse en antecedentes acreditados y evaluaciones profesionales. Cada grupo necesita condiciones de seguridad, programas de atención y estrategias de reinserción social adecuados a sus características.
También deben considerarse el tipo de delito, el uso de violencia, los vínculos con organizaciones criminales y el comportamiento dentro del establecimiento. Delinquir por primera vez no significa necesariamente representar un riesgo menor. Las evaluaciones deben revisarse periódicamente. Asimismo, procesados y sentenciados deben permanecer separados, y las necesidades de salud mental, adicciones y atención médica requieren servicios especializados.
Omar García Harfuch anunció módulos diferenciados según el perfil y nivel de riesgo. Es una orientación acertada que debe respaldarse con protocolos, presupuesto y personal suficiente. Debemos impedir que la sobrepoblación, la discrecionalidad o la corrupción terminen anulando esa clasificación.
El modelo debe contemplar también una franja perimetral de seguridad libre de construcciones, protegida mediante ordenamiento urbano para impedir que los nuevos penales terminen rodeados de viviendas. Ese espacio facilitaría la vigilancia y la detección de excavaciones y túneles, además de permitir una mejor gestión de las telecomunicaciones.
Los bloqueadores de señales requieren coordinación técnica con las empresas telefónicas y las autoridades competentes. Aumentar su potencia no garantiza por sí mismo impedir las comunicaciones ilícitas y puede afectar a los vecinos. La ubicación debe anticipar el crecimiento de las ciudades y preservar ese perímetro durante toda la vida del establecimiento.
Otro riesgo es el autogobierno. Cuando los internos deciden quién ocupa una celda, cobran por protección o controlan servicios, la autoridad pierde funciones esenciales. Si además ordenan extorsiones y otros delitos desde el encierro, el penal se convierte en un centro de operaciones criminales. Evitarlo exige control institucional cotidiano, estricto y verificable.
Los nuevos centros necesitan custodios suficientes, bien preparados y remunerados; mandos evaluados; inspecciones independientes y departamentos de asuntos internos capaces de investigar y sancionar complicidades. Las cámaras, los sistemas de inspección y los bloqueadores deben funcionar permanentemente. Ninguna tecnología compensará la corrupción de quienes permiten el ingreso de armas, teléfonos o sustancias prohibidas.
Esta exigencia debe alcanzar a los penales federales y estatales, incluidos los existentes. Conservar la autoridad es indispensable para desarrollar educación, capacitación laboral, trabajo, atención médica y deporte. La reinserción social requiere también acompañamiento después de la liberación, para que lo aprendido encuentre posibilidades fuera del encierro.
Desde mi experiencia en seguridad pública y nacional, celebro esta iniciativa y propongo aprovecharla para transformar el modelo penitenciario. Su éxito deberá medirse por la seguridad de sus instalaciones, la ausencia de autogobierno y los resultados de reinserción social. Ojalá estos seis centros demuestren que México puede encarcelar sin seguir formando delincuentes. Sería un avance decisivo para la seguridad del país.
Fernando Schütte Elguero
Empresario inmobiliario, maestro, escritor, y activista en seguridad pública. Destacado en desarrollo de infraestructura y literatura.
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