La iniciativa de la diputada Joss Vega fortalece órdenes de protección ante amenazas de difusión de contenido íntimo o datos personales.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Congreso del Estado aprobó una iniciativa presentada por la diputada Joss Vega para fortalecer las órdenes de protección en casos de violencia digital contra mujeres, adolescentes y niñas.
La reforma adiciona una fracción al artículo 12-D de la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el propósito de que las autoridades puedan establecer medidas inmediatas cuando una víctima sea amenazada con la publicación o difusión de información, fotografías o videos sin su consentimiento.
Vega, secretaria de la Comisión de Feminicidios, señaló que la medida responde al crecimiento de agresiones cometidas mediante tecnologías digitales y redes sociales.
La legisladora advirtió que mujeres, adolescentes y niñas pueden enfrentar amenazas, acoso, hostigamiento, exposición de información personal y difusión de contenido íntimo sin autorización.
De acuerdo con datos citados por la diputada, 9.4 millones de mujeres en México han sido afectadas por violencia digital, con mayor incidencia entre jóvenes de 18 a 30 años.
También refirió cifras del Inegi que señalan que 33.6 por ciento de niñas y adolescentes de 12 a 17 años han recibido imágenes de contenido sexual sin su consentimiento.
“Una mujer que decide denunciar no debería tener que enfrentar después la amenaza de que sus fotografías, sus datos personales o información privada sean publicados para hacerle daño”.
La reforma busca que las autoridades puedan actuar de manera rápida y preventiva para detener la publicación, difusión o transmisión de datos personales, fotografías o videos compartidos sin consentimiento de la víctima.
Estas medidas podrán aplicarse tanto en medios digitales como por cualquier otro medio, con el objetivo de evitar que las amenazas sean utilizadas para intimidar, presionar o frenar una denuncia.
Vega sostuvo que la violencia digital debe atenderse como una forma real de agresión, por lo que las instituciones requieren mecanismos de protección acordes con las nuevas formas en que pueden ser vulneradas mujeres, adolescentes y niñas.
La aprobación de la iniciativa forma parte de los cambios legales orientados a ampliar la protección institucional frente a conductas de violencia ejercidas mediante plataformas tecnológicas.
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