Hay prácticas que la política mexicana ha normalizado durante décadas y que, precisamente por haberlas visto tantas veces, hemos dejado de cuestionar.
Una de ellas es el acarreo político.
Camiones contratados para trasladar personas a mítines. Listas de asistencia. Servidores públicos convocando a trabajadores. Organizaciones que reciben la instrucción de llenar una plaza. Personas a quienes se les ofrece transporte, comida, apoyos o algún beneficio a cambio de asistir.
Y aquí debemos hacer una pregunta incómoda:
¿Por qué seguimos llamando participación política a algo que muchas veces ocurre mediante presión, condicionamiento o movilización organizada?
Que quede claro: nadie pretende prohibir los mítines. La Constitución protege el derecho de asociación y reunión pacífica, así como la participación individual y libre en los asuntos políticos del país.
Precisamente por eso debemos proteger la palabra libre.
Una persona tiene derecho a acudir a un acto político porque quiere. Lo que no debería permitirse es que una estructura partidista, gubernamental o política utilice su capacidad económica, administrativa o territorial para llevar personas a un evento con la finalidad de aparentar respaldo ciudadano, condicionar su participación o generar beneficios políticos.
La propuesta debe ser concreta.
México necesita incorporar a su legislación electoral una definición expresa de acarreo político, entendida como la organización, contratación, financiamiento, coordinación o ejecución del traslado colectivo de personas hacia mítines, actos partidistas, informes, eventos de campaña o cualquier concentración de carácter político, cuando dicho traslado esté condicionado a una instrucción política, beneficio, amenaza, presión, promesa, contraprestación o utilización de recursos públicos.
Y las sanciones deben alcanzar a quien ordena, financia, coordina y ejecuta la operación.
Si un gobierno utiliza vehículos oficiales para llenar un evento partidista, debe haber consecuencias.
Si un servidor público condiciona un programa, empleo o beneficio a la asistencia, debe haber consecuencias.
Si un partido contrata autobuses para movilizar personas mediante una estructura organizada y condicionada, debe haber consecuencias.
Y si existen recursos públicos detrás de esa operación, la sanción debe ser todavía mayor.
No se trata de criminalizar al ciudadano que acepta un aventón. Se trata de responsabilizar a quien convierte la necesidad, la subordinación o la estructura institucional en una herramienta para fabricar apoyo político.
La democracia no necesita plazas llenas artificialmente.
Necesita ciudadanos libres.
Por eso propongo que el Congreso de la Unión legisle de manera expresa sobre el acarreo político y establezca mecanismos de denuncia, fiscalización, investigación y sanción, especialmente cuando intervengan recursos públicos o servidores públicos.
Porque un mitin lleno no necesariamente representa respaldo.
A veces solamente representa cuántos autobuses pudo pagar una estructura política.
Ya es momento de cambiar esa lógica.
La política debe convencer, no transportar.
Debe persuadir, no presionar.
Debe sumar ciudadanos, no contabilizar pasajeros.
El acarreo político no debería seguir siendo una práctica tolerada por la costumbre.
Debe ser una conducta expresamente prohibida cuando vulnere la libertad política de las personas.
Porque si queremos una democracia verdaderamente libre, tenemos que empezar por algo elemental.
Porque en una democracia, nadie debería tener que subir a un camión para demostrar su lealtad a un político. El respaldo ciudadano no se acarrea, se gana.
Mayra Machuca
Abogada, Activista, Columnista, Podcaster.
Especializada en análisis y asesoría jurídica, cuenta con experiencia administrativa y jurídica con habilidades destacadas en la resolución de problemas y coordinación de tareas. Experta toma de decisiones estratégicas. Activa en Toastmasters y Renace y Vive Mujer.
