¿Cómo llega una persona seriamente señalada por corrupción a instalarse en Suiza? Esta persona en comento, con absoluta frugalidad – por no decir descaro- forma parte de la autodenominada red de corrupción del sexenio sus negocios por sus negocios con base a sus relaciones con el poder.
El caso de Jorge Amílcar Olán Aparicio vuelve a poner esa pregunta sobre la mesa. Ha sido señalado públicamente por su cercanía con Andrés Manuel López Beltrán y por contratos obtenidos durante la administración anterior. Fue localizado en Lugano, Suiza. Una de las ciudades más caras del mundo a donde se ha refugiado desde septiembre del 2025.
Otro dato delicado. Reportes publicados recientemente señalan que la Unidad de Inteligencia Financiera investiga a Olán y habría identificado una cuenta de inversión en UBS Switzerland AG con alrededor de 72 millones de euros, unos 1,433 millones de pesos. También se han reportado movimientos relacionados con vivienda y colegiaturas en Suiza. Son señalamientos que deben investigarse, no una sentencia que determine por sí misma que esos recursos sean ilícitos.
Ahí está el punto. Tenemos tan normalizados los escándalos de corrupción que ya parece casi, casi una cosa más dentro de nuestra vida ordinaria. Una renta de más de 300 mil pesos de un personaje que no sabes de que o quien se esconde.
Si la UIF tiene elementos para investigar una fortuna de esa magnitud, la sociedad tiene derecho a saber qué encontró, de dónde provienen los recursos y qué harán las autoridades. No se trata de condenar desde una columna. Se trata de exigir que las instituciones hagan su trabajo.
Porque el dinero puede cruzar fronteras más fácilmente que la justicia.
México y Suiza cuentan con mecanismos de inteligencia financiera. Por eso resulta legítimo preguntar qué información compartieron las autoridades, si existieron alertas y qué revisiones se realizaron.
Si existen recursos cuyo origen debe aclararse, corresponde determinarlo mediante una investigación formal, con evidencia y debido proceso. Si se acredita una conducta ilícita, deben operar las herramientas jurídicas para recuperar activos y fincar responsabilidades.
Eso es Estado de Derecho.
En el caso de Olán, la presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que corresponde a la FGR investigar si existen pruebas de algún delito, mientras la Fiscalía ha negado tener una investigación abierta en su contra.
Ahí está la contradicción que merece atención: mientras los reportes sobre sus movimientos financieros se acumulan, las instituciones deben explicar qué saben, qué investigan y qué no han encontrado.
No se trata de perseguir a alguien porque tenga dinero. Tampoco de convertir una residencia en Suiza en prueba de culpabilidad. Se trata de algo más básico: que la riqueza vinculada a contratos públicos pueda resistir el escrutinio y que las autoridades expliquen, con documentos, el origen y destino de los recursos.
Lugano puede ser un lugar hermoso. Pero ningún paisaje alpino debería convertirse en refugio de impunidad.
Y si no hay delito, que los documentos lo demuestren. Si lo hay, que la ley llegue hasta donde tenga que llegar.
Georgina Bujanda
Licenciada en Derecho por la UACH y Maestra en Políticas Públicas, especialista en seguridad pública con experiencia en cargos legislativos y administrativos clave a nivel estatal y federal. Catedrática universitaria y experta en profesionalización policial.
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