Doce años son demasiado tiempo para que un país siga preguntándose qué ocurrió con 43 jóvenes.
El próximo 26 de septiembre se cumplen doce años de la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Doce años de investigaciones, declaraciones, expedientes, detenciones, nuevas hipótesis, contradicciones y promesas. Pero permanece la pregunta fundamental: ¿dónde están?
Ayotzinapa dejó hace mucho de ser solamente la investigación de un crimen. Se convirtió en una radiografía de las debilidades del sistema mexicano de procuración de justicia.
La propia Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia calificó los hechos como un crimen de Estado y documentó la participación de integrantes de Guerreros Unidos junto con agentes de distintas instituciones públicas. (Gobierno de México)
Eso debería obligarnos a formular una pregunta mucho más profunda: ¿cómo puede transcurrir más de una década sin que el Estado consiga reconstruir completamente lo ocurrido y establecer responsabilidades mediante sentencias firmes?
No se trata solamente de encontrar culpables. Se trata de tener instituciones capaces de investigar.
Durante estos años hemos visto algo que se repite en innumerables investigaciones criminales mexicanas: evidencia que aparece tarde, líneas que no se investigaron oportunamente, testimonios contradictorios, información fragmentada entre dependencias y enormes expedientes cuya dimensión termina convirtiéndose también en un problema.
Hoy la investigación supera miles de tomos y millones de páginas. La Fiscalía General de la República informó recientemente que emprendió un nuevo análisis de las actuaciones existentes y abrió nuevas líneas de investigación. La Presidente Claudia Sheinbaum señaló además que se revisaron registros telefónicos de aquella noche y madrugada que no habían sido analizados suficientemente y que esas pesquisas condujeron a nuevas detenciones. (Gabinete de Seguridad)
Bienvenido cualquier avance.
Pero precisamente ahí aparece otra pregunta incómoda: ¿por qué tuvo que pasar tanto tiempo para analizar información que podía resultar relevante desde los primeros años?
Éste es el verdadero problema.
México suele medir la seguridad por el número de detenidos, toneladas de droga decomisadas, armas aseguradas o integrantes del crimen organizado capturados. Todo eso importa. He reconocido en distintas ocasiones los resultados del Gabinete de Seguridad y particularmente las operaciones encabezadas por Omar García Harfuch cuando existen resultados concretos.
Pero detener no es impartir justicia.
Después de la detención viene la investigación ministerial, la integración correcta de la carpeta, las pruebas periciales, la acusación, el proceso judicial y finalmente una sentencia.
Cuando alguno de esos eslabones falla, comienza otra vez el círculo que durante años he señalado: corrupción, impunidad, inseguridad y nuevamente corrupción.
Ayotzinapa también demuestra el enorme daño que produce la falta de coordinación entre instituciones. Una investigación de esta magnitud necesita inteligencia criminal, tecnología, análisis financiero, telecomunicaciones, capacidad forense y cooperación internacional. Pero necesita, sobre todo, instituciones dispuestas a compartir información y permitir que ésta sea examinada.
Los padres de los normalistas han sostenido que todavía existe información relevante que no ha sido entregada completamente y han cuestionado particularmente el acceso a documentación militar. Las autoridades federales, por su parte, afirman que las nuevas investigaciones continúan y que existe el compromiso de llegar a la verdad. Son posiciones que deben resolverse mediante evidencia y resultados, no mediante discursos. (Proceso)
Doce años después, Ayotzinapa sigue siendo una herida abierta.
Pero sería un error verla únicamente como una tragedia del pasado.
Ayotzinapa representa algo mucho más preocupante: lo que ocurre cuando policías, autoridades, criminales, fiscalías y sistemas de información pueden cruzarse dentro de una misma investigación sin que el Estado consiga ofrecer rápidamente una verdad judicial sólida.
México no necesita otra “verdad histórica”.
Necesita verdad.
Necesita pruebas.
Necesita sentencias.
Y, sobre todo, necesita instituciones capaces de conseguirlas antes de que tengan que pasar otros doce años.
Fernando Schütte Elguero
Empresario inmobiliario, maestro, escritor, y activista en seguridad pública. Destacado en desarrollo de infraestructura y literatura.
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