A un año de concluir su gobierno, María Eugenia Campos parece más preocupada por lo que ocurrirá después de dejar Palacio que por resolver los problemas que enfrentan los chihuahuenses.
La intención de los diputados del Partido Acción Nacional de impulsar una reforma que permita designar un fiscal por hasta 8 años resulta particularmente preocupante. Más aún cuando la terna sería propuesta por la propia gobernadora. Un fiscal transexenal, elegido mediante un procedimiento en el que interviene directamente quien está a punto de abandonar el poder, inevitablemente genera la sospecha de que se pretende construir un blindaje para el futuro.
Ante esta incongruencia obvia resulta inevitable preguntar: ¿por qué ahora? Después de cinco años de gobierno, ¿por qué la urgencia de dejar un fiscal transexenal precisamente cuando Maru Campos se prepara para entregar el poder?
La sospecha de un blindaje político para la gobernadora no surge de la nada. La mandataria estatal carga antecedentes públicos que incluyen su vinculación a proceso en 2021 por el caso conocido como la “nómina secreta” de César Duarte. A ello se agregan múltiples cuestionamientos sobre decisiones y manejos durante su administración. Ante ese historial, resulta legítimo preguntarse si estamos frente a una reforma para fortalecer la justicia o ante la construcción de un seguro para el futuro de la mandataria.
A ello se suma otro escenario que se ha mencionado públicamente: la posibilidad de que el PAN la coloque en los primeros lugares de su lista para una diputación federal plurinominal. De concretarse, obtendría además la protección constitucional asociada al cargo. Fiscal transexenal por un lado y fuero por el otro. Demasiadas coincidencias alrededor de una misma preocupación: lo que ocurrirá cuando deje el poder.
Es muy lamentable el papel de los diputados panistas, convertidos en ejecutores legislativos de los deseos de Palacio. Y cuando sus votos no alcanzan, aparecen sus aliados del PRI y Movimiento Ciudadano dispuestos a acompañarlos para cumplirle sus caprichos a la gobernadora.
El Congreso no puede convertirse en una fábrica de trajes jurídicos hechos a la medida de una gobernadora.
Si realmente quieren una Fiscalía autónoma, que la terna no dependa de Maru Campos; que exista un procedimiento público, técnico e independiente y que nadie pueda utilizar una institución encargada de perseguir delitos como escudo personal.
Quien está tranquilo con sus actos no necesita dejar un fiscal que le cuide las espaldas ni buscar un fuero que persiga también ese objetivo.
Chihuahua necesita justicia independiente, no garantías de impunidad para quienes están a punto de dejar el poder.
María Eugenia Campos debe despojarse de cualquier argucia política o jurídica que pueda interpretarse como un intento de protección. Cuando concluya su mandato debe enfrentar, como cualquier ciudadana, cualquier investigación o procedimiento que corresponda, sin fiscales a modo, sin fueros y sin privilegios.

Pedro Torres
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