El senador sinaloense negó vínculos criminales y afirmó que permanecerá en el cargo como independiente.
Ciudad de México (ADN/Staff) – Enrique Inzunza Cázarez reapareció en el Senado después de más de 100 días fuera de la escena pública y rechazó los señalamientos que lo vinculan con presuntos nexos con el crimen organizado, en medio de la crisis política abierta en Sinaloa tras la salida de Rubén Rocha Moya del gobierno estatal.
El legislador sinaloense regresó al recinto legislativo sin reincorporarse a la bancada de Morena, luego de anunciar que continuará su trabajo como senador independiente. Su retorno ocurre al inicio del periodo ordinario de sesiones y en un momento en que el oficialismo busca sostener mayoría suficiente para impulsar reformas constitucionales.
Inzunza sostuvo que no existen pruebas en su contra, calificó los señalamientos como parte de una ofensiva política y pidió que la Fiscalía General de la República concluya la investigación iniciada a partir de información solicitada por autoridades de Estados Unidos.
“Soy constitucional y verídicamente inocente”.
El caso tiene origen en señalamientos de autoridades estadounidenses contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presunta colaboración con una facción del Cártel de Sinaloa. Hasta ahora, esas acusaciones no equivalen a sentencia ni a responsabilidad penal acreditada en México.
El regreso del senador también tiene impacto político para Morena. Días antes, Inzunza dejó la bancada oficialista tras resistirse a solicitar licencia, pese a la presión interna para separarse del cargo mientras avanzaba la investigación. Su salida redujo el margen legislativo del bloque oficialista y colocó el caso en el centro de la discusión parlamentaria.
Morena ha tomado distancia pública del legislador. El coordinador de la bancada, Ignacio Mier, le pidió asumir su situación política y jurídica, mientras el partido busca contener el costo de un caso que se entrelazó con la crisis de gobernabilidad en Sinaloa.
Inzunza afirmó que no pedirá licencia y que permanecerá en el Senado mientras no exista una determinación judicial en su contra. También negó haber tenido relación con narcotraficantes y rechazó ser señalado como “narcolegislador”.
El caso mantiene una tensión institucional: por un lado, la presunción de inocencia de un senador sin sentencia; por otro, el desgaste político que implica mantener en funciones a un legislador señalado en una investigación de alto impacto nacional y bilateral.
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