La propuesta busca actualizar la legislación ambiental de 1988 y fortalecer la prevención, restauración y justicia ambiental.
Ciudad de México (ADN/Staff) – La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó la iniciativa de la Ley General de Protección Ecológica y Justicia Ambiental, que será enviada a la Cámara de Diputados para su análisis legislativo.
La propuesta tiene como objetivo actualizar y fortalecer las capacidades del Estado mexicano en materia ambiental, así como establecer nuevas herramientas para proteger, conservar, restaurar y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales.
“Se va a enviar por parte del Gobierno de México, de Semarnat, para fortalecer las capacidades del Estado mexicano para proteger, cuidar, conservar, restaurar el medio ambiente y los recursos naturales”.
La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, señaló que la nueva legislación es necesaria ante los desafíos ambientales actuales y representa una actualización de la ley vigente desde 1988.
De acuerdo con la funcionaria federal, la iniciativa busca construir una nueva relación entre el desarrollo, el bienestar, la prosperidad y la naturaleza, con base en criterios de prevención, restauración, participación ciudadana y justicia ambiental.
La propuesta contempla brindar certeza jurídica a comunidades e inversiones, integrar avances científicos, tecnológicos y de innovación con saberes ancestrales, así como fortalecer mecanismos de prevención del daño ambiental.
Entre sus objetivos también se encuentra garantizar el derecho a un medio ambiente sano, proteger la salud y el futuro de niñas y niños, asegurar el acceso a la información ambiental y ampliar las vías de justicia para personas y comunidades afectadas.
La iniciativa plantea responder a problemáticas como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación, la generación de residuos y la degradación de ecosistemas, además de impulsar más reciclaje y la recuperación de ríos, barrancas, playas y especies emblemáticas.
El proyecto se sustenta en 10 principios, entre ellos reconocer al patrimonio natural como base de la vida y el bienestar, prevenir antes que reparar, conservar y restaurar para construir futuro, gestionar el territorio con participación social y avanzar de una economía que desecha hacia una economía que aprovecha.
También incorpora el cuidado de personas defensoras de la naturaleza y de los bienes públicos, así como la protección del patrimonio biocultural como una responsabilidad compartida de la nación.

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