Terry Cole afirmó que funcionarios de alto nivel colaboran con grupos criminales y que algunos fueron advertidos por EU; no reveló nombres ni cargos.
Ciudad de México (ADN/Staff) – El director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, afirmó que funcionarios mexicanos de alto nivel trabajan directamente con organizaciones criminales y aseguró que algunos de ellos fueron advertidos recientemente por autoridades estadounidenses, aunque no reveló sus identidades, cargos ni situación jurídica.
La declaración amplía los señalamientos que Washington ha realizado durante los últimos meses sobre posibles redes de protección política al narcotráfico en México. Cole sostuvo que la corrupción gubernamental aparece en una acusación recientemente revelada y posteriormente hizo referencia a funcionarios que, según su versión, colaboran actualmente con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
“En la acusación que se acaba de hacer pública se ve la corrupción de gobierno en México, con funcionarios de alto nivel que trabajan directamente con los cárteles”.
Cole agregó que Estados Unidos había puesto “sobre advertencia” a funcionarios que actualmente colaborarían con el CJNG, pero no explicó cuántos son, qué posiciones ocupan ni mediante qué procedimiento fueron notificados. Tampoco precisó si cada una de esas personas enfrenta actualmente una investigación penal, una acusación judicial o únicamente forma parte de información de inteligencia estadounidense.
Las declaraciones ocurren después de que autoridades estadounidenses hicieran pública el 29 de abril una acusación federal contra Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios actuales y anteriores de México, a quienes fiscales estadounidenses atribuyen una presunta conspiración con dirigentes del Cártel de Sinaloa para introducir narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos. La existencia de los cargos no equivale a una sentencia ni determina por sí misma la culpabilidad de los acusados.
La DEA no aclaró si los funcionarios que Cole relacionó ahora con el CJNG son los mismos incluidos en esa acusación, si se trata de personas diferentes o si existen investigaciones adicionales todavía no judicializadas. Por ello, no existe hasta ahora una nueva lista pública de funcionarios mexicanos señalados por la agencia.
El posicionamiento contrasta con la relación que Cole mantiene con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. El director de la DEA afirmó que ambos mantienen comunicación diaria y fluida, con intercambio de información sobre objetivos del Cártel de Sinaloa y el CJNG, además de apoyo a operaciones realizadas en México.
Días antes, Cole había calificado públicamente a Harfuch como “socio de confianza” y “buen amigo de Estados Unidos”, una distinción que muestra que Washington separa públicamente a los funcionarios mexicanos con quienes mantiene cooperación operativa de aquellos a quienes atribuye posibles vínculos con organizaciones criminales.
La cooperación bilateral no implica por sí misma que agentes estadounidenses realicen operativos autónomos en territorio mexicano. Harfuch ha sostenido que la colaboración con agencias extranjeras debe desarrollarse bajo las disposiciones constitucionales mexicanas, mientras el intercambio de inteligencia y apoyo para identificar objetivos continúa como parte de la estrategia conjunta.
La declaración de Cole deja abierta ahora una pregunta que la DEA no respondió: quiénes son los funcionarios que asegura haber advertido y qué evidencia posee Estados Unidos contra ellos. Mientras esa información permanezca reservada, los señalamientos deberán mantenerse como acusaciones atribuidas al director de la agencia y no como responsabilidades penales demostradas.
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